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AT&T y Telefónica Movistar propusieron que el Sistema Electrónico de Gestión (SEG) de la infraestructura de América Móvil cuente con información completa, tenga mayor visibilidad para los participantes y sea administrado por un tercero.
“Si lo administra América Móvil, como lo hace ahora, honestamente no tiene todos los incentivos que nos gustaría que tuvieran para rentar la infraestructura”, dijo Daniel Ríos, asistente de la vicepresidencia de Asuntos Externos de AT&T.
En marzo de 2014, el regulador declaró a América Móvil como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones. El SEG, con cinco años de operación, forma parte de las primeras medidas asimétricas que se aplicaron a la empresa para emparejar el piso con los competidores.
Las telefónicas buscan utilizar la infraestructura de América Móvil para no duplicar las redes existentes, y así poder llegar a los usuarios finales de manera más rápida.
De acuerdo con Ríos, el SEG debe ser administrado por un tercero, como sucede con la base de datos de portabilidad, y el IFT necesita tener acceso a toda la información.
“El IFT sólo tiene visibilidad, al igual que las empresas de telefonía. El dueño del sistema es América Móvil”, dijo.
Indicó que la visibilidad de la infraestructura del preponderante tendría que estar cargada en este sistema “porque de otra manera es como un restaurante sin menú”.
Con visibilidad de la infraestructura se resuelve una buena parte de los problemas, puntualizó.
Por su parte, Miguel Calderón, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Telefónica México, explicó que al realizar solicitudes de acceso a infraestructura en el SEG, 80% son resueltas como proyectos especiales por parte del preponderante, lo que significa que las empresas deben pagar costos adicionales a América Móvil.
Explicó que el IFT no puede dar seguimiento, pues tiene acceso al SEG con un perfil definido.
Puntualizó que se debe obligar al preponderante a que utilice el SEG, vigilar el cumplimiento de los KPIs (indicadores de desempeño), que sean relevantes y representativos, que los concesionarios puedan ver los informes y tener sanciones severas si no se cumplen.
