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Operbes, filial de Televisa, deja de controlar 100% de sitios de la Red NIBA para que sea Uninet, de Telmex, el que brinde conectividad en más de 90% de los lugares.
En 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que pagó 187 millones 556 mil pesos a Operbes para la conectividad de la Red NIBA (Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha), cifra mayor a los 100 millones que se pagará a Telmex, Totalplay y Televisa para continuar con el programa.
Hasta principios de 2016, CFE Telecom ofrecía el servicio de enlaces de larga distancia de la Red NIBA; sin embargo, con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se realizó una licitación en la que Operbes ganó.
Por tres años y medio, la filial de Televisa ofreció internet de hasta 10 Gbps en mil 300 sitios, entre instituciones de educación superior, centros de investigación, hospitales y otros edificios del gobierno.
Entre las instituciones que usan la Red NIBA se encuentran el Conacyt, la UNAM, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, el ISSSTE y el IMSS, entre otras.
En la nueva licitación se conectarán mil 257 sitios, con una inversión por parte del gobierno de 95.6 millones de pesos para un periodo de un año, en el que Telmex conectará mil 166 puntos por 72.5 millones; Totalplay enlazará 86 sitios por 19.4 millones, y Televisa cinco lugares, por 3.7 millones.
Elizabeth Peña Jáuregui, abogada experta en telecomunicaciones, destacó que debe garantizarse la continuidad en la prestación de los servicios, a pesar de que sean empresas distintas las que vayan a ofrecer la conectividad. “Ahora son tres empresas distintas, por lo que la firma que deja la totalidad del servicio a la siguientes debe garantizar que no se afecte a la comunidad”.
Pidió que haya más transparencia en este tipo de licitaciones, ya que en este caso no se informó sobre la asignación y no pudo dar seguimiento a las propuestas de cada empresa.
Destacó que tener a tres compañías dando la conectividad indica que hay mayor competencia.
Jorge Bravo, analista de Digital Policy and Law, dijo que las firmas tienen la tarea de demostrar que serán eficientes dando el servicio.
Sobre la duración de un año que tiene el contrato, comentó que puede tener un trasfondo político de manera que cada año concursen las empresas y no cuestionen la licitación, dando posibilidades a todos de participar. También es posible que se busque que la empresa estatal en telecomunicaciones sea quien brinde el servicio en el futuro.
