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La meta de inclusión digital universal establecida en la Constitución sigue pendiente tras cinco años de la reforma en el sector. La reforma constitucional en telecomunicaciones publicada el 11 de junio de 2013 menciona que “el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales”.
Asimismo, menciona que la política debe contener los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos así como fomentar la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos.
En la Estrategia Digital Nacional existe un objetivo de “Salud universal y efectiva” que no se ha cumplido por completo, al tener 80% de avance, de acuerdo con la página México Digital del gobierno federal.
Asimismo, entre las iniciativas de este indicador no se encuentra el Expediente Clínico Electrónico.
“Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70% de todos los hogares y 85% de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a escala nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, agrega la constitución.
Subraya que el servicio debe ser a precios competitivos.
Durante este sexenio, la política digital estuvo a cargo de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional y México necesita una agenda digital nacional que sí se ejecute, indicó Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
“Hemos tenido agendas y estrategias y no se cumplen, hemos tenido oficinas en Los Pinos y no vemos los resultados”, señaló Piedras.
Para que en los siguientes años se logre mayor penetración de los servicios de telecomunicaciones, la industria desarrolló la Agenda Digital Nacional 2018 en la que se establece que el país debe implementar un sistema de instituciones con un diseño óptimo para establecer el esquema legal que dará certeza a la política de inclusión digital universal incluyendo gobernanza, evaluación y presupuesto.
Piedras asegura que la demanda por el acceso digital no es sólo de la industria, ahora es social.
“Es el conjunto del país diciendo hay un tercio de mexicanos que no están conectados que padecen discapacidad digital y eso va como un acto de inconstitucionalidad”, puntualizó.
Los números, a cinco años
De acuerdo con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la meta de inclusión no se cumplió pues a escala nacional los accesos a banda ancha fija por cada 100 hogares son de 51, una penetración de 10 accesos más comparado con los 41 por 100 viviendas de diciembre de 2013.
Al considerar los accesos no residenciales, es decir, los empresariales, son 43 por cada 100 unidades económicas del país, 12 más frente a los 31 negocios por 100 que tenía acceso a internet al cierre de 2013.
“Se ha avanzado de manera importante en reducir la brecha digital, pero es algo constante, se requieren inversiones fuertes por parte del sector y llevan tiempo”, comentó Mario de la Cruz, presidente de la Canieti.
La cámara lo ve como un “vaso medio lleno”, pero se debe seguir avanzando, ahondó.
Altán Redes, consorcio desarrollador de la Red Compartida, subrayó que es necesario dar cabida a más “a innovadores y disruptores en el mercado, a través de incentivos y el contexto para su desarrollo, buscando alcanzar los principios de la “reforma: la democratización del acceso a los servicios de telecomunicaciones”.
Fernando Borjón, director general del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), destacó que la brecha digital no lo resolverá la Red Compartida.
“No lo está resolviendo la Red Compartida, quedarían 92.2% (con cobertura), necesitamos hacer más, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a estos lugares donde la inversión no está llegando porque no es negocio para un operador?”, cuestionó Borjón.
Para el directivo la respuesta está en la compartición de infraestructura así como convenios con los estados para el despliegue de la misma.
Trabas en infraestructura
El no contar con un esquema adecuado para la construcción de infraestructura se han inhibido las inversiones y el crecimiento del sector en el país, menciona Juan González, vicepresidente de Infraestructura de la Asociación de Internet.Mx.
“En telecomunicaciones y a pesar de la reforma constitucional que estableció la colaboración de estados y municipios para la instalación de infraestructura, en la práctica sigue siendo complicado instalarla en todo tipo de poblaciones”.
Además, la carga regulatoria derivada de las nuevas atribuciones del IFT ha sido excesiva, toda la información proporcionada al regulador por los concesionarios no ha generado en forma proporcional regulación más efectiva para incentivar inversiones ni generar mercados más competidos, destacó González.
“Esta carga regulatoria sí ha generado grandes costos a toda la industria en su conjunto”.
Mario de la Cruz comentó que enfrentan distintos marcos regulatorios en Estados y municipios.
“Al final del día podemos tener una ley federal muy buena, se han hecho cosas importantes; sin embargo, tenemos que aterrizar este tema en el ámbito municipal”, manifestó.
Los trámites y permisos a escala municipal y estatal deben facilitar el despliegue de infraestructura, para llegar a la conectividad plena.
Altán Redes mencionó que las empresas del sector siguen experimentando múltiples barreras para el rápido despliegue que requiere la demanda de servicios.
También destacó que enfrentan vandalismo en todas las regiones. “Hoy vemos un fenómeno creciente de la delincuencia atacando no sólo infraestructura carretera y de transporte, sino de telecomunicaciones también que identificamos creciente. Se requieren de acciones más contundentes en este sentido no sólo al respecto de legislación aplicable para identificar el delito, sino de la procuración de la justicia rápida y expedita”, señaló el consorcio.
Altán Redes agregó que el IEPS es una barrera para que los mexicanos tengan acceso a la conectividad.
“Este impuesto está clasificado para artículos de lujo y sabemos que el acceso a internet no debe ser considerado suntuario, sino un derecho para todos los habitantes sin importar su nivel socioeconómico”.
AMóvil y Televisa dominan mercado
La compra de dos empresas de telefonía móvil por AT&T y el arranque de una nueva cadena de televisión con Imagen TV no ha quitado el control que América Móvil y Televisa tienen sobre los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en México.
El vicepresidente de Infraestructura de la Asociación de Internet.Mx, opina que en telecomunicaciones la participación del preponderante ha disminuido mínimamente, “en gran parte porque el IFT no ha sido eficaz en evaluar el cumplimiento efectivo de las medidas de preponderancia, ni en contrarrestar y responder con severidad a las prácticas desplegadas por el Agente Economico Preponderante (AEP) para simular el cumplimiento de las mismas y dilatar su implementación”.
Aunque gran parte de las medidas de preponderancia y ofertas de referencia reflejan las mejores prácticas a escala internacional, la implementación de las mismas no ha sido bien vigilada lo que ha ocasionado que las mismas no resulten viables para los concesionarios.
“La evidencia es clara, y es del conocimiento del IFT, y aun así no se han impuesto sanciones al AEP por este motivo”.
Raúl Ortega, director Ejecutivo Jurídico y Regulatorio de Axtel, advierte que la implementación de los procesos de regulación hacia América Móvil es muy compleja y sus efectos prácticos no se han materializado cabalmente, además de las dificultades para verificar su ejecución.
“Por ejemplo, el AEP sigue sin completar el inventario de su infraestructura, lo que entorpece la dinámica para acceder y utilizar efectivamente su red de acceso o planear las estrategias de inversión”.
Tampoco ha terminado de habilitar dentro del Sistema Electrónico de Gestión un mecanismo que le permita a la autoridad realizar una verificación efectiva del cumplimiento de las medidas de preponderancia.
Beneficios para todos
Troy Hatch, vicepresidente y consejero general, legal y regulatorio de AT&T en México, comentó que la implementación de las medidas de preponderancia comienza a beneficiar a la economía y a los consumidores.
“Sin embargo, México se caracteriza por la presencia de un jugador dominante que aún conserva una alta concentración del mercado”. Hatch destaca que lo más importante para evitar un entorpecimiento del sector es asegurar que se cumplan y refuercen las medidas asimétricas que permiten cumplir con el objetivo de la reforma: crear una competencia efectiva y sostenible.
“La historia muestra que si no existe un compromiso inquebrantable con la implementación de la regulación diseñada para rebalancear el sector, las reformas de mercado pueden fracasar a un paso más acelerado que el de su progreso”.
En radiodifusión, el vicepresidente de la Asociación de Internet.Mx, externó que se adoptaron medidas novedosas en materia de compartición de infraestructura, pero no se han conseguido efectos “por la falta de interés de otros concesionarios, pues prefieren negociar con terceros a negociar con el AEP declarado en este sector, así como la falta de implementación de un sistema de monitoreo, como lo debería ser el sistema electrónico de gestión”.
En este sector resulta esencial que el instituto fortalezca las medidas en materia de compartición de contenidos y tratos no discriminatorios en la venta de espacios publicitarios, puntualizó el directivo.
Al respecto, Dish opinó que la preponderancia debió definirse por mercados y no por sectores.
“Ello hubiera posibilitado que los beneficios de esta figura llegaran también a mercados como el de la televisión restringida, en la cual, a cinco años de la reforma, subsiste un agente económico con una participación superior a 65%”, indicó Dish haciendo referencia a Televisa.
La decisión del regulador al resolver que Televisa no tiene poder sustancial son calificadas como “un fracaso notable” por parte de la empresa de televisión satelital.
“Si bien con la normativa constitucional se logró regular efectivamente algunos mercados, la televisión de paga sencillamente no ha tenido regulación alguna”, destaca Dish.
Televisa, América Móvil, Telefónica Movistar, Megacable, TV Azteca fueron contactados pero no tuvieron comentarios sobre el tema.
Resultados tangibles
Las empresas de la industria coinciden en que la reforma en telecomunicaciones estableció un esquema jurídico y legal, reguló a las compañías preponderantes y benefició a usuarios y audiencias.
Juan González, vicepresidente de la Asociación de Internet.Mx, subrayó que la reforma reconoce la importancia de los servicios de telecomunicaciones, las tecnologías de la información y el acceso a internet, como un derecho fundamental que constituyen un habilitador para la educación, desarrollo económico y democracia de los mexicanos.
Destacó que se reconocieron mercados altamente concentrados en telecomunicaciones y radiodifusión y se establecieron medidas al respecto.
“Los beneficios generados para el consumidor en ambos sectores como son mejores precios, calidad y diversidad en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que proveen los concesionarios”, dijo González.
Mario de la Cruz, presidente de la Canieti, coincidió en que los principales avances radican en un entorno legal actualizado que incorpora a las TIC’s como derecho universal y tener una reforma que dinamizó el sector.
Troy Hatch de AT&T en México aseguró que el sector ha tenido avances gracias a la entrada de competidores, el despliegue de redes de última generación, la disminución de precios en más de 30% y el despliegue de nuevas tecnologías.
“Los consumidores mexicanos pueden ver que la promesa de una implementación efectiva de la reforma está resultando en inversiones, precios más bajos, mayores opciones y una mejor experiencia de cliente. Pero este es sólo el comienzo y aún hay un largo camino por recorrer hacia una competencia efectiva y duradera”, señaló Hatch.
Raúl Ortega de Axtel, expresó que existen avances en cuanto una mayor regulación de los servicios intermedios de los preponderantes bajo modelos de costos establecidos por el IFT, facilitando que otros competidores del mercado tengan acceso a los insumos esenciales bajo condiciones más competitivas.
La transparencia del regulador que lleva a cabo consultas públicas, facilita a los competidores opinar sobre el diseño de la regulación a ser impuesta para el sector, precisó Ortega.
Dish coincidió en que se cuenta “con un órgano regulador fuerte que prácticamente ha superado la vieja lógica de las dobles ventanillas que invalidaron en su momento la actuación de la Cofetel”.
La empresa agregó la entrada en vigor del must carry y must offer, que garantiza el derecho de los mexicanos a recibir las señales de televisión radiodifundida de manera gratuita en el sistema de televisión restringida de su elección.
“Es relevante mencionar el papel del Poder Judicial de la Federación que, a través de los juzgados y tribunales especializados, y de manera destacada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han construido un mecanismo eficaz de control constitucional de las decisiones regulatorias”.
Altán Redes destacó que “México, con la reforma, se ha adelantado a las tendencias mundiales sobre economía compartida y que permitirá no sólo reducir la actual brecha digital existente ante una ralentización del sector en pasados años, sino poder transitar hacia las nuevas generaciones tecnológicas como 5G”.
