Frente a la crisis actual es necesario consolidar un sistema de protección social universal, apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de créditos para proteger el empleo, así como subsidios parciales o totales de las cuotas obrero-patronales, recomendó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Como parte de su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, que presentará este martes, el organismo elaboró un plan de recomendaciones para fortalecer la estrategia seguida por el gobierno federal en los recientes dos años.
Esta evaluación es relevante por los enormes retos que plantea la emergencia sanitaria, lo que podría exacerbar elevados niveles de pobreza y empeorar las condiciones de vida de quienes ya se encuentran en esta situación, advirtieron especialistas.
Los efectos adversos de la pandemia han sido inmediatos en términos de empleo, disminución de ingresos laborales e incremento en la pobreza laboral.
El Coneval informó que esta inestabilidad de ingresos representa un obstáculo para reducir la pobreza en mayor medida.
Los especialistas recomendaron consolidar un sistema de protección social universal, basado en un enfoque de derechos y sensible a las diferencias entre grupos de población, articulado con instrumentos contributivos que incluya salud, pensiones de vejez, discapacidad y de orfandad, seguro de desempleo contributivo y programas que contribuyan a garantizar un ingreso mínimo.
Planteó adecuar e integrar las acciones de los programas de seguridad social contributiva para brindar atención a la población en condición de vulnerabilidad laboral para paliar los efectos de la crisis en su ingreso.
Pidió apoyar a padres y madres con opciones de cuidado infantil en la reincorporación a las actividades. Ampliar las medidas sanitarias entre la población indígena para reducir contagios y muertes por Covid-19.
El Coneval hizo un llamado para que se garantice el ingreso mediante transferencias monetarias no condicionadas a sectores más vulnerables y grupos históricamente discriminados en el país, utilizando los programas sociales prioritarios existentes.
La evaluación identifica los efectos de la pandemia sobre los grupos de la población más vulnerables: mujeres, indígenas, discapacitados, niñas, niños y adolescentes, jóvenes y personas mayores, con el propósito de contribuir a identificar acciones adecuadas para atender las necesidades relacionadas con la pobreza, la salud y el trabajo de estos grupos de población.
En el caso de las mujeres, el consejo propuso implementar acciones y programas integrales que compensen la carencia de acceso a seguridad social en situación de pobreza y madres jefas de familia, con especial énfasis en programas de guarderías, asistencia social y prestaciones por maternidad.
En las comunidades aisladas y de difícil acceso geográfico, donde predomina la población indígena, se deben acercar los servicios de atención médica y preventiva a través de unidades médicas móviles y servicios de telemedicina o telesalud.
También se debe mejorar la calidad en los servicios de atención a la salud y fortalecer acciones orientadas a resolver necesidades de salud específicas de los niños, niñas y adolescentes.