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Las empresas de subcontratación legales que cumplen con todos sus compromisos laborales y fiscales podrían ampararse en caso de que se apruebe la iniciativa que prohíbe su actividad, explicó Hugo Hernández, socio del despacho de abogados Hogan Lovells.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el experto dijo que pueden recurrir a esta acción si consideran que sus derechos constitucionales son afectados; sin embargo, eso va a depender de cómo quede el texto final,
“Si los afectados consideran que están siendo vulnerados sus derechos podrían ir a un juicio de amparo que habría que revisar. No es una cuestión que en estos momentos pueda afirmar que, si cabe el amparo, porque no es una ley y hasta que no salga el texto final de la ley habrá que analizar si hay posibilidades de presentar una demanda o no”.
En su opinión, la demanda de amparo puede ser contra la ley o ciertos actos que causen perjuicio, pero la única acción que se podría tener en ese sentido sería si están vulnerando derechos de una empresa.
“Va a depender mucho de cómo quede el texto final de la reforma, si ese texto afecta derechos constitucionales, puede ser tachado de inconstitucional, puede haber un amparo para que no afecte a personas, los quejosos en este caso”.
Asimismo, va a depender de la dinámica que se siga en las cámaras, en la agenda legislativa que se aplique, y ese dictamen convertido en ley, cuando haya iniciado su vigencia, determinará si es viable o no el amparo en ese tema, agregó.
“Creo que la iniciativa tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar, tanto en el fondo como en la forma. Y no estaría en la disposición de decir que cabe el amparo en este momento, porque no es una cuestión que podría decirse de la simple lectura-análisis de la iniciativa, habría que ver en cada caso práctico y concreto”.
El especialista coincidió con el Presidente en que se ha abusado de la figura de la subcontratación en el pasado, que ha habido excesos por parte de algunas empresas que han incumplido en el pago de sus obligaciones patronales, sobre todo en la parte fiscal y de seguridad social, afectando al erario como al derecho de los trabajadores.
Sin embargo, consideró que existen empresas qué sí cumplen con sus obligaciones patronales, fiscales de seguridad social y laborales, y que por la iniciativa tendrían que dejar de prestar un servicio importante para el país, que emplea a 4.6 millones de trabajadores y que podrían ver en riesgo su empleo con la prohibición.
Órgano vigilante
Hernández expuso que la mejor forma de superar el problema sería regular la subcontratación a través de un órgano de vigilancia a cargo de la Secretaría del Trabajo a escala local y federal, que estaría encargada de la observancia de la ley.
“Crear una regulación secundaria a la subcontratación y órganos que incidan en el cumplimiento de las leyes en la materia sería lo ideal, continuaríamos con una buena labor por parte de las empresas que cumplen, erradicaríamos a los negocios que están afectando al país y a los trabajadores.
Sobre la posibilidad de que se abra un espacio de diálogo entre autoridades, legisladores y las empresas, consideró que podría ser en cualquiera de las dos cámaras, aunque debió ser antes de lanzar la iniciativa.
