En todo lo que va del sexenio la Fiscalía General de la República (FGR) ha sentenciado a ocho personas por robo de hidrocarburos de tomas clandestinas, conocido como huachicol, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La información obtenida por EL UNIVERSAL vía transparencia muestra que en todo el sexenio ha habido 31 mil 318 denuncias de Pemex por la ordeña de ductos.
De hecho, en este año no hay ningún sentenciado por autoridades judiciales. Además, en los seis años de la actual administración sólo se ha detenido a 334 personas y las tomas clandestinas reportadas ascienden ya a 67 mil 668.
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Javier Oliva, coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, opina que estas cifras son reflejo del fracaso de las instituciones, del combate al robo de combustibles y evidencian que, además de ser un problema de seguridad nacional, también lo es de seguridad interna para la petrolera.
“Afecta el patrimonio de la nación y tiene que ver con las debilidades del Poder Judicial que se deben reparar, más no destruir, como se pretende al hacer que los jueces sean votados. Así no funciona ninguna democracia”, destacó.
“Ahora bien, ocho sentenciados es un resultado deplorable que deja ver la corrupción que hay dentro de Pemex, el sindicato y los nexos con el crimen. Hay flujo de información desde adentro de la empresa para hacer tomas clandestinas y robar antes de que lleguen las autoridades al lugar”, añadió.
El catedrático criticó el papel de la sociedad mexicana con una actitud pasiva al no reclamar seguridad a políticos y gobernantes.
“Como en la obra Los ciudadanos sombra, aquí vemos una sociedad desorganizada que no participa en ninguna organización política, religiosa, educativa o deportiva. Una sociedad así de apática es vulnerada en sus intereses”, afirmó Oliva.
Si bien los problemas de robo de combustible a Pemex se arrastran desde sexenios previos, en este gobierno, cuyo lema ha sido el rescate y fortalecimiento de la empresa, ya se reporta el mayor número de tomas clandestinas, nuevas modalidades de huachicol, y retos mayores en el área de refinación.
A la par, ha habido derrames, accidentes, un crecimiento en juicios por riesgos laborales, múltiples casos abiertos en materia de derechos humanos, así como un endeudamiento elevado, entre otros factores que encienden las alertas.
El Gran Diario de México solicitó a Pemex una postura por el bajo número de detenidos y sentenciados, así como su opinión sobre los procesos legales contra huachicoleros, pero no se recibió respuesta.
Impunidad, el reto
Para Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), se trata principalmente de un problema de la FGR, por ser disfuncional e incompetente al momento de armar carpetas de investigación.
“Esto habla del poco compromiso que hay por parte de las autoridades para enfrentar este problema que crece sin detenerse. También vemos la incapacidad del gobierno de tener control de zonas remotas y de los ductos de Pemex. Aquí se ve reflejada la colusión entre el crimen organizado, autoridades municipales y la impunidad. Todos los males”, señaló.
“Esperamos que en el siguiente sexenio la Guardia Nacional tenga más margen de maniobra, más dientes, pues las organizaciones delictivas han avanzado. Hacen falta acciones de inteligencia y que se use la tecnología que existe”, dijo.
“Respecto a la reforma al Poder Judicial, la relación entre jueces designados por elección popular, en un marco de corrupción y autoridades con nexos crecientes con la delincuencia organizada, va a empeorar la situación”, alertó.
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Susana Cazorla, socia consultora de SICEnrgy, señaló que el bajo número de sentenciados explica por qué el problema del huachicol no disminuye, pues no hay temor por parte de los criminales de ir a la cárcel pese a ser un delito federal.
“La regulación le permite a Pemex transferir pérdidas a los consumidores, y es que el gobierno se hace de la vista gorda. Poblados enteros cuidan a los que pican ductos. Todos se llevan una tajada y el gobierno no quiere accionar. Así han sido estos seis años”, comentó.
Los expertos coinciden en que el tema se ha expandido a escala nacional, por lo que se requiere fortalecer el Estado de derecho y las instituciones que lo vigilan.