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Un componente indispensable para atacar de raíz el problema de la pobreza en México está en la urgente necesidad de construir un Sistema de Protección Social Universal que incluya acceso a servicios de salud de todas las personas, no condicionado al trabajo ni financiado con “contribuciones” o “cuotas obrero-patronales”, sino con recursos fiscales, presupuesto propio vía impuestos generales.
Así lo expusieron los especialistas Ciro Murayama, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM; Mónica Orozco, directora general de Genders, A.C; y Mariana Campos, directora general de México Evalúa, durante la Mesa de Diálogo “Por la construcción de un Sistema de Protección Social Universal. Retos y oportunidades”, celebrada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Los especialistas coinciden en señalar que esta medida debe ser acompañada por la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que permita la inclusión económica, principalmente de las mujeres, que no pueden incorporarse al sistema laboral por realizar labores de cuidado y del hogar.
Durante el encuentro se comentó que en el país el 55% de la población ocupada, 32.2 millones de personas tiene trabajos informales, lo que las excluye de acceso a servicios de salud y seguridad social.
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Por ello, es indispensable contar con un sistema que cubra el acceso universal a servicios de salud, así como a servicios de cuidado, con infraestructura que integre estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, además de una garantía de ingreso para quienes no pueden trabajar o perdieron su trabajo.
Los participantes de la Mesa destacaron la urgente necesidad de garantizar el derecho humano a la salud, así como el derecho al cuidado de las personas. En ese sentido, el Sistema de Protección Social Universal requiere de infraestructura que permita aumentar el bienestar de las personas y privilegiar la garantía de los servicios, no las transferencias monetarias.
Y para ello vale la pena invertir como Estado, porque más allá de implicar un gasto de recursos importantes, es una inversión que traerá grandes beneficios públicos; por tanto, es urgente una reforma fiscal para tener los recursos suficientes para lograrlo.
“Sin reforma fiscal no hay forma de atender los retos que tiene México; tenemos que decidir cuáles son los derechos que se van a cubrir, cuáles son los objetivos de desarrollo que tiene el país y entonces alinear las políticas de ingresos y de gasto a los objetivos de la gente”, expuso Ciro Murayama.
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“Esta idea de que la intervención del Estado ante la necesidad sea el reparto de dinero, no está generando una idea de derechos, de acceso a servicios e instituciones, sino que está generando clientelas políticas”, agregó.
Mónica Orozco planteó la necesidad de repensar ordenadamente las alternativas para buscar los recursos. “Se debe garantizar acceso a servicios desde un enfoque basado en derechos, porque el Estado tiene obligación y la sociedad también tenemos obligación de exigir. Quienes más necesidad tienen de este tipo de servicios y de protección social, porque no pueden proveérselos por sí mismos, son todos los hogares en la parte más baja de la distribución en condiciones de pobreza”, expuso.
Mariana Campos, por su parte, expresó que no solamente se tiene que ver el costo, sino también las ganancias que podría generar a la economía el tener un sistema de seguridad social mucho más inclusivo.
“Poner en la mesa la construcción de un sistema de seguridad social con políticas de Estado que no dependa del vaivén político y de los antojos de los distintos grupos políticos, porque ya lo vimos con el Seguro Popular”, refirió́. “Se tiene que financiar con impuestos generales el acceso o el aseguramiento completo de las personas que en este momento no cuentan con seguridad social”.
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