Si el gobierno no inicia con acciones contundentes para planificar el combate contra la inseguridad puede desbordarse el problema, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana ().

Expuso que los delitos de secuestro y la extorsión en lo que va de la administración registran repunte en comparación con los dos arranques de las administraciones pasadas.

Solamente en 2020 se tuvo conocimiento de 8 mil 378 víctimas de extorsión, sin embargo, hay una cifra desconocida porque 98 de cada 100 casos no son denunciados.

Bajaron los robos a casa habitación, pero ello tuvo que ver con las restricciones de movilidad y no a un plan del gobierno.

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“Hay un decremento comparativo en los delitos de robo a casa habitación y robo a vehículo aunque podrían atribuirse, no a alguna estrategia de combate en particular, sino al confinamiento”, dijo.

La Coparmex añadió que las organizaciones criminales son de las amenazas más graves para la estabilidad del país, sobre todo porque antes de la pandemia la situación estaba ya en niveles críticos y “hoy la atención a este flagelo debe ser prioridad, sólo así será posible la recuperación económica y la paz”.

Por lo que piden hacer alianza entre autoridades, sociedad civil y sector empresarial para combatir la inseguridad, además de que hacen cinco planteamientos: Profesionalizar a los cuerpos policiacos; Mejorar las capacidades de investigación de las procuradurías y las fiscalías locales ; reducir la incidencia delictiva y fortalecer el tejido social; trabajos coordinados entre gobiernos Federal y estatales; realizar operativos interinstitucionales coordinados en las entidades en las que ha repuntado la incidencia delictiva o se ha ampliado la presencia del crimen organizado.

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vcr/rdmd

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