Con la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para México será esencial contar con otro tipo de instrumentos financieros, como emitir bonos para cubrirse de riesgos como sismos o huracanes, con lo cual el país dependerá más de los costos de los mercados y de los organismos multilaterales.
La mayor intensidad de los fenómenos climatológicos que se presentan cada año en todo el mundo demuestra la importancia de reforzar la cultura de la prevención para contener sus efectos económicos y sociales.
En México, poco más de 40% del territorio nacional y casi un tercio de la población están expuestos a huracanes, tormentas, inundaciones, sismos y erupciones volcánicas, reconoce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lo anterior se traduce en términos económicos a que 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país se considere vulnerable a tres o más peligros, mientras que 71% es vulnerable a dos o más peligros.
En ese contexto, los fondos y la emisión de bonos catastróficos cobran cada vez una mayor importancia en los mercados financieros internacionales.
“Los bonos catastróficos atraen a un grupo grande y creciente de inversionistas que buscan diversificación”, menciona.
Sin embargo, la especialista reconoce que pueden tener requisitos de estructuración complejos al configurarse.
En su análisis Valuación de bonos catastróficos para terremotos en México, la especialista establece que el bono catastrófico actúa como un reaseguro, pues el gobierno transmite los riesgos al inversionista al momento de la compra del bono.
El año pasado, al Fonden se le autorizaron recursos por 13 mil 764 millones de pesos, y entre enero y septiembre de este año tenía remanentes por 5 mil 39 millones de pesos.
México cuenta con un bono catastrófico (cat bond) para cubrir riesgos asociados a desastres naturales por 485 millones de dólares y que vence en 2024.
Planeación integral
A diferencia de hace 20 años, los bonos y fondos catastróficos son más conocidos y aprovechados por los gobiernos federales que por los locales.
Sin embargo, son sólo una parte de una estrategia integral de la prevención, ya que es necesario contar también con gasto público para evitar y hacer frente al calentamiento global.
En la parte presupuestal, México tiene gasto adaptado a los objetivos de desarrollo sustentable para hacer frente al reto del cambio climático.
A lo largo de todo el presupuesto que está asignado a esos fines, 13 mil millones de dólares corresponden a gasto que se puede clasificar como verde.
México ha ratificado sus compromisos en materia de cambio climático y desde la SHCP se ha trabajado para que se adopten criterios verdes en todos los proyectos públicos, sociales y privados que tienen financiamiento de la banca de desarrollo.
Para eso se creó el Comité de Finanzas Sostenibles, con el fin de que el sector financiero privilegie los proyectos verdes o que atiendan brechas sociales.
Un proyecto específico que destaca es la inversión para la coquizadora en la refinería de Tula, Hidalgo, que reducirá la producción de combustóleo y que tiene una inversión prevista de 2 mil 400 millones de dólares, con recursos privados facilitados por la Secretaría de Energía (Sener).
El conjunto de programas y acciones para la adaptación y mitigación de efectos de cambio climático tiene un presupuesto previsto para 2022 de 65 mil 542 millones de pesos.
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