La Red Compartida con la que el gobierno federal esperaba dar internet al país carece de recursos y podrá cumplir con su meta de dar cobertura a 92.2% de la población en 2028, cuatro años después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación.
Sin recursos económicos para cumplir con los compromisos de cobertura social y objetivos comerciales, Altán Redes necesita cuatro años más para cumplir la meta de llevar telefonía e internet a zonas alejadas del país.
Esta empresa registra una cobertura de 61.1% de la población, que equivale a 68.7 millones. El restante 30.54%, que representa a 34.9 millones de personas, de acuerdo con Promtel, tendrían cobertura dentro de siete años con la propuesta del consorcio.
También lee: México, el segundo más caro de OCDE en internet de un Gbps
“Altán mantiene el compromiso de tener 92.2% de cobertura propia, pero pide un retraso de cuatro años en su cumplimiento (de enero 2024 a enero 2028)”, indica el texto Rediseño del Proyecto de la Red Compartida.
La nueva propuesta del consorcio radica en mantener una cobertura de 70% entre 2021 y 2025 para después incrementarla a 85% en 2026 y a 92.2% para enero de 2028.
Como parte de la reforma en telecomunicaciones de 2013, se creó una Asociación Público-Privada (APP), en la que el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), institución descentralizada de la SCT, está encargada de brindar el espectro en la banda de 700 MHz y un par de hilos de fibra de la CFE, así como verificar que el proyecto se desarrolle en tiempo y forma.
Mientras que el consorcio ganador de la licitación, Altán Redes, se comprometió al despliegue de la infraestructura y la comercialización del servicio mayorista para que otras empresas ofrezcan servicios de telecomunicaciones a usuarios finales.
De acuerdo con el documento de rediseño, del que EL UNIVERSAL tiene copia, Altán calcula llegar a 5.2 millones de usuarios este año; sin embargo, el proyecto original tenía considerado dar servicio a 19 millones de personas en 2021.
También lee: Exclusión digital deja a 44% de hogares sin internet
El ajuste es por el retraso comercial, que deja un hueco de 58 mil 267 millones de pesos en el financiamiento, explica.
En marzo del año pasado, tras una reunión con Altán Redes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “en 2022 el gobierno de la Cuarta Transformación habrá cumplido su compromiso de llevar el servicio de internet a todo México”. En ese momento, el Ejecutivo federal subrayó que el proyecto avanzaba conforme a lo planeado.
Justifican retraso
Aunque la empresa alcanzó su último hito de cobertura de 50% en enero de 2020, el consorcio busca que el gobierno permita el retraso del proyecto justificando que no se afecta el cumplimiento en diciembre de 2021.
Añadió que la demora de los 3 mil 506 sitios que implica desplegar los últimos hitos de cobertura propia significa un ahorro de 6 mil millones de pesos entre 2021 y 2023.
“Las áreas que Altán va a retrasar ya están cubiertas por otros operadores, lo que permitirá seguir ofreciendo cobertura a nivel comercial a través de itinerancia”, agrega.
También lee: Conectividad por internet se estanca con la 4T
Altán Redes fue contactada por este diario para conocer si el consorcio se irá a concurso mercantil y, específicamente, si tienen el capital suficiente para concluir la cobertura de 92.2% en 2024, pero la empresa dijo no tener comentarios.
El consorcio explica en el texto que se espera un gran crecimiento comercial de la Red Compartida; sin embargo, los costos de la red, más los adicionales para llegar a 92.2%, así como las obligaciones financieras, llevan a que el proyecto necesite 29 mil 134 millones de pesos en los próximos tres años.
Por lo que el rediseño del proyecto ayudará a que el consorcio alcance un “punto neutro de generación de caja positiva en 2023, para ser capaz de repagar la deuda y cumplir el compromiso de cobertura de 92.2% en los años venideros”, puntualiza.
Menor garantía
Además de un aumento al plazo para el despliegue, Altán Redes pide una reducción de la garantía de cumplimiento de la app, de 5 mil millones de pesos.
“De acuerdo con el despliegue realizado para permitir mejores condiciones con dichos socios y renegociar la refinanciación de su deuda”, explica.