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Las 22 empresas que conforman el sector de capital humano que prestan servicio de outsourcing enfrentan competencia desleal de 900 simuladoras que usan este modelo para evadir al fisco, IMSS e Infonavit.
Las evasoras cobran más barato por sus servicios de tercerización o subcontratación de personal, pero obtienen grandes ganancias.
Por eso, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) pidió una regulación para evitar que las compañías que simulan operaciones sigan en activo.
Laura Obregón, integrante del consejo directivo de la AMECH, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que es necesario cerrarles el paso porque no sólo defraudan a la economía y a los trabajadores, sino a toda la iniciativa privada.
Comentó que además de evadir al fisco y al IMSS, engañan a la Secretaría del Trabajo, porque “registran” a los empleados como afiliados a un sindicato o que tienen percepciones por otros conceptos como regalías, derechos de autor o indemnizaciones por seguros de supervivencia.
“Estamos de acuerdo en que se regule y en trabajar de la mano con las autoridades”, dijo Obregón.
Agregó que tienen toda la disposición de proporcionar la información que se requiera para que las autoridades conozcan lo relacionado en esta materia.
Conocen bien la forma de operar de las simuladoras que no están cumpliendo con las obligaciones laborales de un patrón.
¿Cómo incumplen obligaciones? Laura Obregón explicó que la subcontratación o tercerización es cuando un particular experto o una empresa de contratación de personal ayuda a un tercero a convenir de manera formal a los empleados.
Ejemplificó con una comercializadora de zapatos, pero como la firma no es experta en el tema laboral, fiscal y de seguridad social, contrata a una empresa que se encargue de eso y que se cumpla con todas las obligaciones en la materia.
Obregón lamentó que esta actividad ya se vició porque hay personas que hacen simulación y le llaman subcontratación, y hay muchas empresas que lo hacen para evadir.
Lo más común es que a los trabajadores en lugar de darlos de alta con su salario real 100% ante el IMSS lo hacen con un sueldo menor.
“Si gana 10 salarios mínimos, la simuladora lo registra con dos y paga las cuotas sobre ese monto”, dijo.
Eso tiene muchas afectaciones para el trabajador para su pensión, el segundo afectado es la autoridad, porque no se paga el impuesto o sí, pero uno más bajo.
En cambio, las empresas afiliadas a la AMECH cumplen con todo, por eso enfrentan una competencia des- leal contra las simuladoras.
Cuando la compañía que los contrató tiene problemas por ese tipo de prácticas, la simuladora no responde, pero acaba pagando porque de acuerdo con la ley, es responsable solidaria y acaba pagando doble.
Aplicativo SAT. Una forma en que se puede saber quiénes están cumpliendo, es a través del aplicativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para las empresas de outsourcing que lanzó hace dos años.
Después de algunas pruebas, la herramienta funciona de manera correcta, con lo cual pueden presentar toda la información que se les solicita sin que represente una carga regulatoria pesada.
Por medio de esta aplicación, las empresas que contratan a una tercera pueden verificar que están cumpliendo con todas sus obligaciones con el personal y se reporta adecuadamente el verdadero salario.
Esta información se va a cruzar con el IMSS, pero Obregón dijo que perciben que aún no se está haciendo: “Hoy por hoy lo único que te arroja la aplicación es si se pagan las cuotas en el IMSS, pero el objetivo último es ver que se pagan 100% en relación con el salario”.
Saben que se está trabajando en una versión mejorada de la aplicación para el IMSS.
Consideró que la regulación que ha surgido para una mayor fiscalización es buena, pero no se puede obligar a quienes se resisten, porque no hay manera de presionarlos.
“Esto se puede dar porque algunas empresas argumentan que no están haciendo subcontrataciones, sino que tienen trabajadores asociados al sindicato para simular y no presentan la información”, explicó la integrante del consejo de la AMECH.
Lavado de dinero. En octubre de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró al servicio del outsourcing como una actividad vulnerable al lavado de dinero.
Al respecto, Obregón mencionó que al igual que el cumplimiento del resto de las obligaciones, cada empresa determina cómo lo hace.
