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La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó la investigación sobre la participación del director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar, por su participación en el esquema defraudatorio, conocido como Estafa Maestra, por lo que ordenó su destitución e inhabilitación por 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público federal.
A través de un comunicado, Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, impuso la sanción correspondiente tras haber identificado “indicios a partir de los cuales se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones relativas a su evolución patrimonial, para detectar y documentar probables inconsistencias resultado de posibles conductas irregulares”.
Las investigaciones arrojaron omisiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales de cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos.
Agregó que en todo momento se respetó el derecho de audiencia de la persona inhabilitada, sin que haya podido justificar por qué no reportó dos cuentas bancarias y los beneficios económicos producto de un bien inmueble.
El funcionario fue notificado ayer de la resolución, cuyo efecto implica que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando.
La sanción se deriva de las acciones que, desde principios de 2019, fueron informadas por la propia Irma Eréndira Sandoval en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con la Estafa Maestra.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 23 de enero en la conferencia matutina, afirmó: “Si están involucrados [altos funcionarios de Pemex designados por la nueva administración] en eso de la Estafa Maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno, si los contrataron, hicieron mal... les adelanto que, si están involucrados en un acto de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno”.
La SFP vigilará la efectiva aplicación de la sanción.
