La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reconoció que el sector privado perdió peso en las inversiones en México en el sexenio pasado.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled explicó que en la actualidad 60% de las inversiones en infraestructura son privadas y el 40% son públicas.
Al inicio del sexenio anterior, en 2018, el porcentaje de los privados era de 69% y el 31% público.
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Esto sucedió por el cierre de contratos en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la incursión de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
No obstante, Méndez Jaled también dijo que este sexenio luce mejor en ese sentido ya que tanto la SICT y la Comisión Federal de Electricidad ya comenzaron a licitar obras y están dando trabajo a empresas.
Además dijo que las empresas de la construcción tienen el potencial de inversión de un billón de pesos cada año si el gobierno logra incentivar al sector.
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CMIC presenta decálogo para incentivar inversiones en el país
Para incentivar inversiones en México la CMIC propuso un decálogo de acciones para impulsar con el gobierno federal.
El punto uno es reiterar la importancia de aumentar de manera gradual la inversión pública hasta alcanzar entre el 5% o 6% del PIB, asegurando que esta se distribuya de forma estratégica y equitativa en todo el territorio nacional, destinando la mayor parte de estos fondos a proyectos de infraestructura logística y de transportes, hídrico, energético (hidrocarburos y electricidad), salud, educación, movilidad urbana y el mantenimiento de la infraestructura existente.
En segundo lugar es promover la creación de un organismo o instituto encargado de la planeación del desarrollo de infraestructura del país a corto, mediano y largo plazo. Este organismo debe ser autónomo, pero no independiente, y estar estructurado y dirigido por profesionales en planificación, sin vínculos políticos, para garantizar su imparcialidad y eficacia.
Tercero es reiterar en la urgencia de promover mecanismos transparentes de coinversión público-privada para financiar proyectos estratégicos. Entre estos mecanismos destacan: obras con fuentes propias de repago; desdoblamiento de concesiones (mediante la ampliación de plazos para generar flujos adicionales que se destinen a obras nuevas o mantenimiento); contratos de prestación de servicios (PPS); aprovechamiento de activos; y otras alternativas viables.
En cuarto lugar, dada la relevancia de las MIPyME’s en el sector de la construcción, se busca promover su participación en la ejecución de las obras públicas.
“Esto no solo favorecerá la creación de empleo, sino que también contribuirá al aumento de la recaudación tributaria. Es importante destacar que la industria de la construcción detona 3 de las 4 ramas de la economía nacional, generando empleo e ingresos en esas industrias”, señala.
El quinto punto es más acercamiento con la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para impulsar procesos abiertos, transparentes y competitivos de contratación de obras públicas, con el objetivo de inhibir la corrupción y fortalecer la transparencia, donde se propondrá la implementación de una plataforma única para licitaciones públicas y el fomento de una cultura de denuncia.
En sexto lugar, dada la magnitud de las afectaciones a causa de los fenómenos meteorológicos, que han impactado tanto a la infraestructura como a la economía regional, reiteramos la urgencia de destinar una parte de los recursos asignados a la atención de emergencias y desastres naturales en el PPEF 2025 para que los gobiernos estatales y municipales elaboren o actualicen sus Planes de Desarrollo Urbano.
El punto siete es que la CMIC apoya la propuesta de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, de no implementar una reforma fiscal profunda. En su lugar, propone fortalecer la recaudación y adoptar medidas para prevenir la evasión fiscal.
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En octavo lugar está respaldar el Plan de Infraestructura impulsado por la Presidencia, promoviendo esquemas de colaboración público-privada transparentes, bajo la rectoría del Estado, con el objetivo de garantizar la ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo sustentable y equitativo del país.
El noveno punto es promover que las necesidades de infraestructura identificadas por la CMIC, sean consideradas en el ejercicio del PEF 2025.
Finalmente en el décimo puesto está que, con el fin de evitar que la inversión pública en los próximos años se mantenga por debajo de los niveles necesarios para mejorar la infraestructura del país, se propone una reingeniería de las finanzas públicas que contemple una revisión exhaustiva de la eficiencia en el gasto, la reducción de costos administrativos, la eliminación de proyectos ineficaces y la priorización de aquellos que generen el mayor impacto económico.
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