Ante las propuestas para reformar leyes que se vinculan a contrataciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas organismos del sector privado pidieron a los legisladores debatir sobre el tema y votar en contra de los cambios.
Lo anterior porque los cambios introducen nuevas causales para terminar un contrato entre el sector público y privado si así lo determina el gobierno alegando algún hecho que afecte el interés público u ocasione un desequilibrio; además de que se generará discrecionalidad en el otorgamiento de permisos y concesiones.
Por una parte, la International Chamber of Commerce México (ICC México) pidió a los legisladores votar en contra de esos cambios que harán que el gobierno tome decisiones discrecionales, además de que al ser violatorios a la Constitución y a tratados internacionales creará incertidumbre y "se convertiría en un dique para las inversiones”.
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“La reforma legislativa supondría diversas violaciones a la Constitución y a tratados internacionales en materia de protección de inversiones celebrados por México, por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica, la garantía de no retroactividad, el derecho de un recurso efectivo, el derecho a la propiedad, el derecho a la libre competencia y concurrencia, la interdicción de la arbitrariedad, el derecho a la consulta de los pueblos originarios, y el principio de legalidad, ente otros varios”, dijo.
Ello porque el pasado 28 de marzo el gobierno presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa la cual de aprobarse “generaría grandes márgenes de discrecionalidad al Gobierno mexicano en contra de los particulares y atentaría contra el Estado de Derecho”.
Además de que esta iniciativa, aunque quiere evitar la corrupción y colusión entre funcionarios públicas y particulares “ni resuelve el viejo problema, como tampoco pone los cimientos necesarios para generar una nueva forma de hacer las cosas”.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que las dos iniciativas de reformas “a diversas leyes en materia administrativa que se vinculan tanto a contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como el paquete de reformas en materia minera” deben debatirse.
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Consideramos “la pertinencia de que se abra en el Congreso una discusión que nos incluya” y añadió que las propuestas “contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”.
“Confiamos en la apertura de la presente Legislatura para analizar de manera integral ambas iniciativas, con base en el buen clima democrático y con el fin de abonar a la transparencia en materia económica y construir juntos las mejoras legales que fortalezcan y den certeza a las pequeñas y medianas empresas, en favor del desarrollo y la confianza en México”, añadió el CCE.
ayef