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Los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coincidieron en que esperan que los legisladores de oposición presenten un recurso de inconformidad contra el proceso legislativo que llevó a la aprobación de las llamadas reformas exprés.
Por una parte, el presidente de la Concamin, José Abugaber, dijo: “Los partidos de oposición advirtieron que podrían acudir a la Corte a impugnar el proceso legislativo. Tenemos que esperar a ver si eso sucede y en caso de que así sea, estar pendientes de lo que resuelva la Corte”.
Dijo a EL UNIVERSAL que la industria “analiza el impacto que las reformas pueden tener en los diferentes sectores, aunque siendo un proceso legislativo concluido ni la empresa ni la industria tenemos mucho margen de acción”.
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¿Legisladores no escucharon puntos de vista de empresarios?
Las reformas aprobadas a la Ley Minera, las nuevas disposiciones en materia de licitaciones públicas, unificación de órganos internos de control, compras consolidadas y reorientación del pago de derechos de turistas extranjeros, la seguridad en aviación civil, cambio climático, la extinción de Financiera Rural, entre otras iniciativas se aprobaron en “fast track y no fuimos escuchados”.
Los legisladores no escucharon la petición de la industria para exponerle sus puntos de vista, “por eso estamos a la espera la decisión que tomen los partidos de oposición sobre acudir a la Corte a impugnar el proceso legislativo. Ellos están estudiando qué y cómo van a impugnar y nosotros estaremos atentos”.
Por otra parte, la Coparmex, a cargo de José Medina Mora, dijo que “en los últimos días fuimos testigos del profundo desaseo con el que el Congreso aprobó leyes en nuestro país; es esencial y confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise lo aprobado por el Poder Legislativo y eche abajo cualquier iniciativa que vaya en contra de los establecido en nuestra Constitución.
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Añadió que “México no puede ni debe ser presa de grupos políticos y sus intereses, es necesario que el Poder Judicial resuelva cualquier controversia, por el bien mayor de nuestro país”..
Criticó la vía del fast track por la que se aprobaron leyes, como el “profundizar el control de las Fuerzas Armadas en tareas civiles como la gestión ferroviaria, aeroportuaria o su involucramiento en la política de promoción de la ciencia con las reformas que extinguieron al Conacyt”.
Añadió que “la cerrazón y mucho menos la militarización son la solución; lo deseable es que prevalezca el diálogo, la inclusión y el respeto a la pluralidad. Las minorías no deben ser aplastadas o acalladas por las mayorías; deben ser respetadas, y su voz debe ser escuchada para alcanzar consensos y evitar imposiciones, que son propias de gobiernos autoritarios donde no existe el Estado de Derecho”.
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