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Desarrolladores inmobiliarios calificaron al registro de la manifestación de construcción como el trámite más corrupto en la Ciudad de México, según una encuesta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Las inmobiliarias pagan entre 2 millones y 15 millones de pesos por este trámite y por el cual su obra puede retrasarse de seis meses a dos años.

La encuesta realizada entre 45 desarrolladores inmobiliarios identificó a las delegaciones más corruptas en trámites de construcción: la Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Benito Juárez, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.

María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción, destacó que las obras construidas con integridad se traducen no sólo en una ciudad ordenada en la que prevalece el Estado de derecho sino en precios más bajos.

“Cuando compramos un departamento, rentamos un local podríamos bajar hasta 20% o 30% los precios, si no hubiese corrupción”, destacó.

Dentro del estudio se identificaron varios factores que aumentan el riesgo de corrupción en el sector inmobiliario como multiplicidad de trámites, lo que incita la contratación de gestores; excesiva interacción entre particulares y autoridades; aplicación de criterios discrecionales en resolución de trámites; participación de múltiples autoridades, y falta de conocimientos técnicos del personal.

Eugenia Castañeda, de Mexicanos Contra la Corrupción, comentó que hasta el momento no se puede hacer ningún trámite en línea del sector inmobiliario, lo que propicia mayor interacción entre personas y esto abre la posibilidad de actos de corrupción.

Entre los encuestados, 94% de los desarrolladores dijo haber sido víctima de extorsión o corrupción, pero sólo 36% de ellos denunció.

“En los últimos 10 años se ha cuadruplicado el número de denuncias ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y 38% de las denuncias son por violaciones al uso del suelo”, indicó.

Además de dinero, las personas encargadas de tramitar los permisos de construcción piden víveres, cuotas por cada metro cuadrado construido, demolición de obras dañadas por el sismo, departamentos o incluso boletos para la Fórmula Uno.

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