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El gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE) publicó este lunes dos acuerdos de corte comercial aplicables a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
“Ambos acuerdos contribuyen directamente en otorgar certeza jurídica a las Mipymes y al sistema mercantil, promoviendo un entorno normativo transparente que impulse su desarrollo y competitividad”, según un comunicado de la dependencia este lunes.
En este sentido, refuerzan el compromiso del Gobierno de México con la atracción de inversiones y el fortalecimiento del sector empresarial como motores clave para el desarrollo económico, de acuerdo con el informe.
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El primero de estos Acuerdos establece el factor de actualización a los ingresos totales anuales que deben observar las sociedades por acciones simplificadas, alineándose con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Esta actualización es fundamental para garantizar que las normas se mantengan en sintonía con las condiciones económicas actuales, facilitando el cumplimiento normativo y brindando claridad a las empresas. La publicación de este documento se realizó el 30 de diciembre de 2024.
El segundo acuerdo introduce una actualización de los montos aplicables a los procesos judiciales mercantiles establecidos en el Código de Comercio.
La actualización refuerza la capacidad del sistema jurídico para resolver disputas de manera efectiva y equitativa, adaptándose a las necesidades del sector comercial. La publicación de este documento también se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2024.
“El gobierno también ha reiterado la importancia de fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas, con el objetivo de fomentar la inversión nacional e internacional, y mejorar la competitividad de las empresas mexicanas”, señaló la dependencia.
Asimismo, el comunicado reitera la necesidad de simplificar los procesos administrativos, reconociendo que uno de los mayores desafíos para las pequeñas y medianas empresas radica en eliminar barreras burocráticas que dificultan su crecimiento y consolidación en el mercado.
Ambos entran en vigor el 1 de enero de 2025, se lee en las respectivas publicaciones.
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