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El crecimiento de nuevas opciones financieras más allá de los bancos, con firmas que ofrecen en México productos como tarjetas de crédito accesibles a sólo unos clics, ha representado un regreso a modelos de cobranza para morosos que en algunos casos rebasan el marco legal.
“Las llamadas, mensajes y demás acciones de cobranza se mantendrán vigentes, así que te recomiendo que les des aviso a tus referencias para que estén enterados de que van a seguir siendo contactados”, dice uno de los mensajes para cobranza enviado desde WhatsApp a los clientes de la plataforma Stori.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), al cierre de marzo se registraron 28 quejas contra empresas financieras tecnológicas (fintech) por mala gestión de cobranza. La cantidad es la misma que se registró en todo 2021, y las principales reclamaciones son amenazas, ofensas o intimidaciones al deudor.
Entre otras quejas, destaca la falta de educación y respeto al dirigirse al cliente, maltratos y ofensas, o falta de información al identificarse ante el cliente.
Debido a la reciente puesta en marcha del marco legal que opera en México, la llamada Ley Fintech, apenas 57 empresas financieras tecnológicas son supervisadas por las autoridades.
Intimidación
Debido a la proliferación de empresas totalmente ilegales que ofrecen créditos a través de redes sociales y que utilizan amenazas y extorsiones para realizar la cobranza a usuarios, organizaciones encargadas en asesorar a deudores han recibido amenazas de muerte tras denunciar los abusos de este tipo de firmas.
“Así seas abogado, seas policía, seas del gobierno, del FBI, de donde seas. Así seas del cártel, a todos les entra bala. Así que te me vas tranquilizando y te me vas bajando esos videos. El día menos pensado que andes por la callecita o estés subiendo en tu coche. Tú sabrás cuándo, dónde. Anda con cuidado. No salgas de tu casa”, dice un audio enviado a Defensa del Deudor.
Esta organización ha denunciado la proliferación de empresas financieras tecnológicas que intimidan a sus clientes y realizan cobros excesivos que son impagables para sus usuarios. En la mayoría de los casos, operan fuera de cualquier marco legal y no hay autoridad que detenga sus prácticas abusivas.
El director general de Defensa del Deudor, Ángel González, ha denunciado que esta amenaza ha llegado a la organización por parte de la firma de préstamos Weloans, la cual funciona a través de la descarga e instalación de una aplicación; sin embargo, ha sido reportada por amedrentar, y amenazar a sus usuarios.
La cobranza permitida
Una de las empresas financieras tecnológicas que opera en México bajo el contexto de la Ley Fintech, Doopla, explica cómo es la cobranza que se aplica en su modelo de negocio.
“Toda buena cobranza inicia con una buena originación. Analizamos más de 30 variables. El nivel de ingresos, la capacidad de pago, el historial de crédito. Pasamos por un proceso de conocimiento del cliente, prueba de vida, entrevista aleatoria y visita al cliente.
“Se firma un contrato y un pagaré. El proceso está muy bien blindado y sólo 11% de la gente que termina la solicitud de crédito es aprobada”, explicó en febrero pasado el director general de Doopla, Juan Carlos Flores.
La firma de financiamiento colectivo explicó que una vez que se aprueba el crédito, se aplican cuatro tipos de cobranza: preventiva, telefónica, de mora intermedia y judicial.
“Si la promesa de pago no llega, podemos iniciar un proceso de cobranza de visita a domicilio. Nos apoyamos en cuatro despachos de cobranza externos a ni vel nacional en donde se le invita al acreditado a pagar. Se le recuerda las implicaciones en el Buró de Crédito, los intereses moratorios. Si esto falla, está la cobranza extrajudicial, donde los abogados de Doopla buscan de nueva cuenta al acreditado y se le ofrecen reestructuras y que antes de iniciar un juicio, que no conviene a nadie, se pongan al corriente”, explicó.
Si los métodos anteriores no funcionan, se tiene que impulsar la cobranza judicial, que puede llevar a una demanda de tipo mercantil o civil, dijo Flores.
“Hay más de 150 clientes demandados y hemos ganado unos 10 juicios. La ley no ha sido muy expedita. Creemos que es una cobranza bastante empática”, dijo.
