Al cierre de junio pasado, el monto de reclamaciones contra bancos por parte de sus clientes alcanzó un total de 15 mil millones de pesos, un disparo de 74% respecto al mismo mes del año previo, siendo los cargos y operaciones no reconocidas el principal motivo de queja.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se trata del momento más alto para un primer semestre al menos en los últimos tres años, pues las bases dejaron de ser comparativas por la pandemia de Covid-19.
A detalle, la información del regulador muestra reclamaciones por más de 2 mil 600 millones de pesos en créditos personales no reconocidos por los clientes, en operaciones efectuadas en sucursales. De igual forma, hay quejas por más de mil 500 millones de pesos en transferencias que no fueron efectuadas por clientes de las instituciones.
Los datos de la CNBV muestran que los cargos no reconocidos se mantienen en términos generales como las operaciones más reclamadas por los usuarios, mientras los fraudes siguen al alza en el país.
Así, la CNBV resalta que, del total reclamado por usuarios, 419 millones de pesos se consideran monto quebrantando; en tanto, se regresaron a clientes de los bancos 4 mil 633 millones de pesos y se recuperó 4 mil 214 millones de pesos.
Alerta en sectores estratégicos
De acuerdo con Lumu, empresa de ciberseguridad, en México persiste un elevado número de ataques cibernéticos basados en ransomware en los últimos meses, donde la manufactura, sector gobierno y servicios son los blancos predilectos de los ciberdelincuentes.
Según la compañía, los grupos de ransomware más activos en México entre 2022 y 2023 son Lockbit, Blackbyte y Blackcat.
Lumu resaltó que dos de cada 10 organizaciones en el país presentaron un incidente de seguridad en los últimos meses, y la mitad de los ataques estuvo relacionada con malware en equipos corporativos, incluyendo servidores.
En tanto, 30% de los ataques ocurrió por enlaces de phishing abiertos, mientras 3% están vinculados con botnets en las organizaciones.
De acuerdo con Lumu, los ejecutantes de los ataques cibernéticos están adoptando cada vez más técnicas anti forenses para sabotear las investigaciones, las cuales dificultan la identificación de los responsables de los ciberataques.
Así, al ocultar su rastro digital y borrar pistas, los ciberdelincuentes crean un panorama en el que la caza de culpables se torna una tarea ardua y en ocasiones infructuosa.