Los cambios en la política energética en México llevaron a las empresas de Estados Unidos y Canadá a aceptar modificaciones a contratos de transporte y enfrentar negaciones, cancelaciones, suspensiones y retrasos en la emisión de permisos en las industrias eléctrica y petrolera.
Expertos señalaron que las compañías no quieren negociar con el gobierno actual y buscan el conflicto Estado-Estado con la solicitud de consultas sobre el T-MEC.
El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el gobierno mexicano llegó a acuerdos con empresarios del sector energético que no son óptimos, pero se toman para evitar largos litigios.
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Cuando las firmas negocian con la autoridad mexicana por cambios en los contratos “terminan en acuerdos subóptimos que finalizan siendo peores para el bienestar de los mexicanos en el largo plazo”, dijo.
Un experto en litigios internacionales en materia de inversiones y comerciales, que pidió el anonimato, afirmó que el problema de las empresas energéticas es que “no tenían forma de presionar al gobierno de México. Parece que estaban pidiendo limosna”, cuando negociaban por cambios a las reglas.
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Para resolver los conflictos cuando un país incumple sus compromisos en materia de inversión, se tiene el mecanismo inversionista-Estado o las disputas Estado-Estado.
Dijo que el beneficio de que se inicie una controversia entre gobiernos es que el demandado no puede identificar a los inversionistas afectados, en otras palabras, Estados Unidos y Canadá “defienden los intereses de todas las empresas afectadas y el gobierno de López Obrador no puede saber quién está detrás del caso”.
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