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Durante el primer trimestre del año, en el arranque del nuevo gobierno, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a ocho funcionarios ante el Ministerio Público (MP), dos de ellos son del área de Aduanas del Norte- Centro, por contrabando y el equiparable a éste.
El resto de las denuncias fueron ante el Órgano Interno de Control (OIC), con 199, casi la mayoría, con 70 casos, contra trabajadores de la Administración General de Aduanas (AGA) por diversas responsabilidades administrativas.
Respecto a igual periodo de 2018, el número de denuncias en materia penal no varió, pero aumentaron las correspondientes al OIC, al pasar de 164 a 199.
En el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre enero y marzo de 2013, el SAT no realizó ninguna denuncia ante el MP, pero de manera interna fueron señalados 271 empleados, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La actual información señala como delitos cometidos por servidores el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y extorsión en grado de tentativa, lo que generó una denuncia penal contra un trabajador de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) región sureste.
También por ejercicio indebido, un empleado de la AGAFF de la zona metropolitana fue acusado penalmente, y cuatro más de la misma área por actuar contra la administración de justicia.
De esta manera, las áreas del SAT más vulnerables a la corrupción son las aduanas y la responsable de las auditorías fiscales.
Combate al contrabando. El SAT señala que en acciones posteriores al despacho aduanero, efectuó 68 actos de fiscalización que generaron embargos de mercancía de procedencia extranjera por un valor de 483 millones de pesos durante el primer trimestre de 2019, debido a que no se acreditó la legal importación o estancia en territorio nacional.
La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior presentó ante la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales de la Administración General Jurídica del SAT ocho expedientes administrativos. Uno fue por contrabando, seis por presunción de contrabando y uno por equiparable al mismo.
Se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un expediente por contrabando relacionado con la red de operaciones ilícitas en el sector textil.
Además se emitieron 238 órdenes de embargo por subvaluación con valor aproximado de mercancías por 32 millones 664 mil 705 pesos y 24 órdenes de embargo por domicilio falso.