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El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, dijo desconocer el caso de la parroquia que fue sancionada con 19 millones de pesos por incumplir con los avisos antilavado, pero reconoció que las multas son muy altas.
“Hemos identificado que las multas que se desprenden de la ley antilavado son muy altas y que no prevén un mecanismo claro de autocorrección”, dijo en entrevista durante el Sexto Foro de Tributación, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Ciudad de México.
Informó que existe una iniciativa para modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como ley antilavado, mediante la cual se podrá corregir la situación.
Sin embargo, explicó que eso ya le corresponderá decidir a la próxima administración. Mientras tanto, Osvaldo Santín hizo una invitación a los sujetos obligados a acercarse al SAT y a que presenten los avisos antes de que sean sancionados.
Comentó que han estado en contacto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con representantes de distintos agentes económicos que llevan a cabo actividades vulnerables, y por eso saben que efectivamente se están viendo afectados por dichas sanciones.
Ayer, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) pidió una tregua al SAT ante el caso de una parroquia a la que se le aplicó una sanción por 19 millones de pesos por incumplir en tiempo y forma con la presentación de los avisos antilavado.
El IMCP solicitó al SAT que no se les sancione a los sujetos obligados como actividad vulnerable al lavado de dinero, cuando se autocorrijan o cumplan de manera extemporánea.
A la defensa. Sobre el caso de la parroquia multada por el SAT, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofreció ayudarla para resolver su situación, que de acuerdo con el IMCP, mantiene al párroco en rezo y en contingencia.
“Lo que recomiendo es que se vengan directamente a la procuraduría”, dijo el subprocurador, Edson Uribe.
Uribe destacó que no es fácil entender la LFPIORPI por ser un ordenamiento muy particular para atacar el lavado de dinero.
Cada mes, los casinos, empresas de blindaje, distribuidores de autos, joyerías, galerías de arte, desarrolladores inmobiliarios, emisores de tarjetas de crédito y monederos electrónicos, así como servidores profesionales como contadores, notarios y agentes aduanales tienen que enviar al SAT un reporte antilavado de las operaciones en efectivo de sus clientes o avisos en cero.
De no cumplir en tiempo y forma se les aplican multas por hasta 24 millones de pesos.