Además de sanitizar las 49 aduanas del país para deshacerse de la corrupción, otro de los retos que enfrentará el tercer titular de la Administración General de Aduanas (AGA), Horacio Duarte Olivares, en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación, será revertir la caída de la recaudación por operaciones de comercio exterior.
Sin embargo, al tomar la estafeta en estos momentos, el desafío no se limita a los viejos lastres que se arrastran, sino que será mayor en un contexto de emergencia sanitaria, por la urgente necesidad de contar con material médico de importación para enfrentar la pandemia.
Es decir, se requiere agilizar trámites de autorización para la importación de cubrebocas N95, ventiladores pulmonares, equipos de protección, gel antibacterial, insumos para la salud y la prueba diagnóstica molecular para Covid-19, entre otros.
La prueba diagnóstica debe cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual emitió a través de una circular en la que se indica que se deberán someter a evaluación ante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).
Una vez que cuenten con la evaluación favorable, deben seguir el trámite ante la Cofepris para importar la mercancía con base en las homoclaves de atención prioritaria para la emergencia sanitaria del coronavirus, que son los lineamientos especiales para garantizar el abasto.
Todo lo anterior se dará en un contexto en el que no se ponga en riesgo la salud del personal de las aduanas y evitando que haya actos ilegales y de corrupción.
De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la cual depende la AGA, en 2019 el embargo de mercancía introducida ilegalmente ascendió a un valor de 23 mil 530 millones de pesos.
Ese monto representó 20 mil 589 millones de pesos más que el año anterior, en las que se determinó la cantidad de los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMAS) por 5 mil 477 millones de pesos, cifra superior en 3 mil 887 millones con relación a 2018.
Lo anterior como efecto de la revisión y fiscalización, tanto en carga y pasajeros, en las aduanas del país, en donde se hicieron principalmente decomisos de documentos, importación de divisas por medio de documentos por cobrar o efectivo, realizado en la aduana de Toluca.
En las aduanas se obtienen importantes ingresos fiscales por medio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por operaciones derivadas de la actividad de exportaciones e importaciones.
Durante 2019, la recaudación por operaciones de comercio exterior fue de 974 mil millones de pesos; es decir, una variación real negativa de 1%.
Este resultado se debió, sobre todo, a la contracción de 8.1% de lo que se cobra por IVA equivalente a 33 mil 793 millones de pesos, pues en 2019 el total recaudado fue de 679 mil 14 millones contra los 712 mil 807 millones.
La recaudación del IVA representó 69.7% del total recaudado por operaciones de comercio exterior, seguido por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con 23.1%.
Se recibieron en las aduanas un total de 6.8 millones de pedimentos de importación, cifra mayor en 22 mil 207 sobre 2018, lo que implicó un crecimiento de 0.3% anual.
Mientras tanto, en materia de exportación, se presentaron 2.6 millones de pedimentos, cifra mayor en 0.9% en comparación con 2018; es decir, 22 mil 52 más.
La corrupción al interior de las aduanas, así como otros ilícitos, como la falsificación de documentos, contrabando, fraude, tráfico de influencias y el ejercicio indebido de los servidores públicos, siguen presentes en la Cuarta Transformación.
En lo que va del presente gobierno, el SAT ha denunciado a un total de 78 trabajadores ante el Ministerio Público y a 496 en el Órgano Interno de Control (OIC) por diversas responsabilidades administrativas.
Del total de las denuncias penales, 33 han sido contra empleados de la Administración General de Aduanas y 208, ante el OIC.
Una de las primeras acciones que hizo el nuevo titular de la AGA, Horacio Duarte, fue interponer una denuncia contra quien resulte responsable por falsificación de documento oficial, en el que según se informaba que se limitaban la entrada de mascarillas o cubrebocas a empresas privadas.