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Maria.saldana@eluniversal.com.mx
En los primeros siete meses del 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió sanciones para 136 empresas que incurrieron en irregularidades en procesos de contratación, inhabilitó a más de 100 compañías e impuso multas por más de mil 400 millones de pesos por irregularidades en procesos de contratación.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval , expuso que “el 10% de las familias con menores ingresos pierden 4.4 veces el ingreso que pierden las que están en el 10% de más adinerado. En los estados del sureste del país, la pérdida en el bienestar es 47% mayor que en el Noroeste”.
Si bien en una colusión por compras públicas participan funcionarios y personal de empresas, no había sanciones para los empleados de gobierno, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Por lo que la SFP y la Cofece firmaron un convenio de colaboración que les permitirá “trabajar más de cerca” para que la Comisión reporte “a tiempo sus investigaciones en materia de competencia, para que podamos investigar y sancionar también a quienes se coluden en contrataciones pública” , dijo Sandoval.
El compromiso que estableció fue investigar las faltas graves de funcionarios en procesos de contratación
se trata de una colaboración para que sean “más efectivos y cerrar las puertas a la impunidad” en las investigaciones.
“Necesitamos promover una nueva ética pública” y expuso que por ello se requiere evitar las relaciones “de complicidad. Entre sectores pùblico y privado que afectan la economía”, dijo la funcionaria durante el Foro Combatir la corrupción y las prácticas anticompetitivas: Responsabilidad compartida entre autoridades y empresas que organizó Cofece.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Alejandra Palacios, dijo que a pesar de las investigaciones por compras de gobierno no existió sanción para funcionarios y añadió: “Lo que te puedo decir es que en todos los casos que hemos sancionado de colusión no hemos visto un actuar de la SFP”.
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