Con resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, peligra la recaudación de impuestos que en año de pandemia logró subir dos puntos del producto interno bruto ( PIB ) por la mayor fiscalización, advirtió la Procuraduría Fiscal de la Federación ( PFF ).
“Yo sí considero que esta resolución, atenta contra la recaudación”, advirtió el titular de la PFF, Carlos Romero Aranda, quien dijo que ahora no les quedará de otra que pedir la prisión preventiva justificada en las órdenes de captura.
En entrevista radiofónica en Formula Financiera, explicó que bajará la recaudación porque ya no habrá la percepción de riesgo que se generó con la reforma penal fiscal.
Recordó que dicha reforma aprobada en 2019, tiene dos efectos: por un lado, el carácter persecutorio , pero también el efecto inhibitorio .
“Cuando el contribuyente sabe los riesgos que existen y que puede tener prisión preventiva , se inhibe de cometer el delito”, aseguró”.
Recordó que muchas personas que compraron facturas por asimilados a salarios, se regularizaron, y además con la pura entrada en vigor de la reforma hizo que un contribuyente del sector del acero se regularizara y pagara 2 mil millones de pesos.
“Es un tema de percepción del riesgo, del miedo a lo que pueda pasar, que hay consecuencias por defraudar al fisco .”, matizó.
Carlos Romero, mencionó que al presentar denuncias contra grandes contribuyentes que habían defraudado al fisco, se permitió llegar a acuerdos reparatorios como el más importante de la historia de la PFF con una empresa de supermercados, y con otra de sistemas de cómputo.
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“Fueron varios los que se regularizaron y pagaron, y eso hizo que los demás corrigieran su situación fiscal”, señaló.
Mencionó que se presentaron dos querellas por lavado de dinero contra los grupos factureros más importantes y paralelamente denuncias contra los que habían consumido el producto o facturas.
Además, denuncias de defraudadores por medio de outsourcing , lo que permitió tener órdenes de captura contra el grupo más importante de subcontratación y se logró desactivarlo.
Destacó también que se interpusieron denuncias contra el facturero más grande del país y contra funcionarios públicos involucrados que hicieron desvíos de fondos con ese grupo criminal que ha estado litigando en los medios.
“Todo eso ha hecho que subiéramos en dos puntos del PIB la recaudación, enfatizó.
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