La reducción del en México es una tarea inaplazable para el próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum si no se quiere llegar al final de sexenio con más de la mitad de la población ocupada en situación de precariedad laboral, sin seguridad social y , dijeron especialistas.

En los últimos dos gobiernos el porcentaje de la población ocupada de manera informal pasó de 59.51% en el segundo trimestre de 2012 a 54.26% durante el segundo trimestre de 2024, una baja promedio anual de apenas 0.44 puntos porcentuales, de acuerdo con el Inegi.

Si no se hace nada para agilizar la reducción de este tipo de contrataciones y sigue dándose al mismo ritmo de los últimos 12 años, hacia 2030 podríamos prever que la tasa de informalidad sería de 51.6%, es decir, que en seis años más de la mitad de la población ocupada en el país seguiría teniendo un empleo informal, explicó Axel González, investigador de análisis de México, ¿cómo vamos?

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Precariedad laboral. Fuente Inegi
Precariedad laboral. Fuente Inegi

“La dinámica general de participación formal e informal no ha sufrido cambios, ya que la informalidad históricamente absorbe más personas que el sector formal”, dijo la presidenta de ManpowerGroup LATAM, Mónica Flores.

“Para que más personas se integren a la economía formal se debe establecer una coordinación entre el sector privado y el público para transitar el talento de la informalidad a la formalidad, y robustecer al mercado laboral, para que impulse la productividad y ayude a mejorar las condiciones laborales y el ingreso de trabajadores”, agregó.

Inversión y formalidad

La informalidad laboral es un problema complejo que no sólo afecta a los trabajadores que carecen de prestaciones de ley y seguridad social, sino también al gobierno, pues deja de percibir todos los impuestos de las personas que laboran en esa condición, destacó Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien) del Tec de Monterrey.

En su opinión, los bajos niveles de inversión en México son uno de los factores que han frenado la incorporación de más personas al sector formal. Si bien ha llegado mayor inversión extranjera, no ha permeado a todo el país, agregó.

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Los estados con mayores niveles de informalidad son Oaxaca, con tasa de 80.2%; Guerrero, 77.3%; Chiapas, 74.8%, e Hidalgo, 72.9%, donde el flujo de capitales y proyectos es menor. En contraste, los estados con las tasas más bajas de informalidad son los del norte, donde la inversión es mayor, como Coahuila, con 35.0%; Nuevo León, 35.4%; Chihuahua, 35.6%, y Baja California, 36.5%.

“No importa de dónde venga la inversión, puede ser extranjera, nacional, privada o pública. Lo importante es que se traduzca en fuentes de empleo de calidad para las personas y que haya una mejor oferta de trabajo, que permitan a más trabajadores sumarse al sector formal”, afirmó Magaña.

“Incrementar las oportunidades para la generación de empleo formal permitirá que se aprovechen circunstancias como las que trae el nearshoring en materia de inversión”, advirtió Fernando Bermúdez, director de relaciones corporativas de ManpowerGroup.

¿Qué hacer?

Para enfrentar este problema hay que diferenciar los tipos de informalidad que se presentan en México y no de una manera agregada, como se ha querido hacer hasta ahora, destacó González.

No se puede tratar de la misma manera a personas que están en el sector informal que a las del sector agropecuario, o que están en el trabajo doméstico remunerado, dijo.

En especial, se requiere una regulación más específica para todos quienes trabajan para empresas privadas formales o dependencias del gobierno, pero empleados de manera informal y representan 28.1% de la población ocupada.

“Se requiere de un mayor impulso para incorporar a más personas al empleo formal, sobre todo en grupos poblacionales clave [como los jóvenes y las mujeres]; sólo esto garantizará mejores condiciones laborales y fortalecer la competitividad de la economía empresarial”, señaló Bermúdez.

“Es importante impulsar la inversión, es decir, garantizar que se cumple con un Estado de derecho, que existen condiciones adecuadas para que los inversionistas arriesguen su capital y les sea redituable, y se trate de mitigar el problema de inseguridad que tenemos para que se generen más empleos formales en el país”, destacó Magaña.

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