El relevo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es una clara señal de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no va cederá en la militarización de puertos y aduanas, explicaron fuentes del sector.
Tras solicitar el anonimato, explicaron que el gobierno tiene en sus manos expedientes que revelan los excesos, anomalías en contratos, concesiones, en aduanas y en general corrupción en varias Administraciones Portuarias Integrales, entre ellas Manzanillo, Veracruz, Progreso, Yucatán y Tuxpan, lo que generó el malestar del jefe del Ejecutivo.
EL UNIVERSAL documentó —el pasado 22 de enero— la presencia de una red de corrupción en el puerto de Manzanillo, con base en una indagación de la Secretaría de la Función Pública, que refirió que funcionarios de alto nivel vendían y daban contratos de cesión parcial de derechos sin aval del Consejo de Administración de la API Manzanillo.
La investigación arrojó inconsistencias millonarias como incumplimiento y omisiones en la gestión del exdirector de esa API, Ovidio Noval Nicolau, al favorecer a empresas como Logística de Fluidos y Gráneles, cuyos socios Patricia y Héctor Sánchez Espinoza, son primos del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta.
El propio Presidente dijo en conferencia del 9 de febrero: “tenemos pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción”.
El 23 marzo, la Secretaría de Marina (Semar) expuso corrupción en el Puerto de Tuxpan.
La dependencia detectó una red de corrupción en el recinto con la que evadía el pago de cientos de millones de pesos con el combustible que se descargaba.
En conferencia matutina, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, detalló que con el Programa de Recuperación de Aduanas se detectó toda una red para evadir pagos.
Comentó que personal de inteligencia naval implementó este operativo, luego de que en diciembre se denunció el robo
de combustibles.
A partir de entonces, la Semar asumió el control de la seguridad del puerto de Tuxpan, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizaban la investigación correspondiente.
Entre los expedientes que se han estado conformando resalta el de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), en el que se registran denuncias por anomalías de su titular Miguel Ángel Yáñez y su equipo.
El caso más grave, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, se documentó en el puerto de Progreso, por cuya aduana se permitía el ingreso de cargamentos de efedrina y fentanilo, sustancias utilizadas para producir una de las drogas más letales y de mayor consumo.
