Los cambios que aprobó el Senado en materia de telecomunicaciones para crear un registro de usuarios de telefonía móvil es una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales, dijo el centro empresarial de la Coparmex de la Ciudad de México .
Mencionó que resulta grave que se pretenda instrumentar una política de control y vigilancia de la población, además de que ante la negativa a dar los datos se cancelarán las líneas telefónicas de los usuarios.
La Coparmex CDMX enlistó una seria de razones técnicas, jurídicas y económicas que, desde su punto de vista, no tomaron en cuenta los legisladores y que violan los derechos humanos.
Por ejemplo, “viola el principio de presunción de inocencia al asumir que la persona responsable de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona”.
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Por otra parte, advirtieron que será altamente sensible el uso de los datos biométricos, por lo que habrá que cuidar cualquier filtración o acceso no autorizado, porque de darse se puede poner en riesgo hasta el patrimonio de las personas.
También, dijo, se limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, porque se les niega el derecho a comunicarse si no se registran, además de que se trata de una política orientada al control y vigilancia de la población.
Se incrementa la brecha digital y se limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados.
Esta disposición va contra el mandato constitucional de no ser molestado en persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente.
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“Viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica”, dijo.
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