La reforma a la administración de justicia no garantiza que en México habrá un Poder Judicial de calidad que atraiga inversión y desarrollo para empresas, así como bienestar a las familias, aseguró la directora de México Evalúa, Mariana Campos.
“La justicia en nuestro país arrastra debilidades estructurales que no están en esta reforma; no es lo que se requiere, le va a dar en la torre a la economía en un año desafortunado que lo va a agudizar, es un despropósito”, expresó la economista egresada del ITAM y con maestría en Public Policy and Management de la Universidad Carnegie Mellon.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la especialista, quien hoy presenta junto al Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho investigaciones sobre las amenazas y agresiones hacia el personal jurisdiccional, a defensores de derechos humanos y litigantes en general, abundó en torno a las consecuencias económicas y en la inversión, de aprobarse los cambios.
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Consideró que en los diálogos para analizar el plan C en el Congreso de la Unión no se profundizó sobre los detalles de su impacto en las principales variables económicas. “Fueron insuficientes”, acusó.
La reforma se da en momentos en que el país está bajo la lupa de las calificadoras por ingresos públicos debilitados y un alto déficit, enfatizó: “Nos encaminan hacia la pesadilla y tormenta perfectas porque amenazan el ambiente de negocios, de gobernanza sin el Inai y de políticas públicas sólidas sin el Coneval, en perjuicio de todos”.
Así resumió el panorama que se anticipa con las reformas: menos inversión extranjera directa, reducción del crédito, incertidumbre e insuficiente desarrollo empresarial que acortarán el crecimiento.
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Alto costo
Todo eso puede tener un costo directo en el producto interno bruto (PIB) y en los negocios, con el riesgo de perder la oportunidad de la relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, que no se volverá a tener al menos en los próximos 50 años. El efecto también se verá en los hogares, anticipó.
Ponderó que en el impacto de la reforma hay que considerar varios aspectos en la parte económica como la IED, disponibilidad de crédito y el desarrollo empresarial.
Además, hay otra parte relacionada con finanzas públicas, como lo demuestran estudios sobre la relación entre el Estado de derecho y la calidad del Poder Judicial con la actividad económica, refirió.
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Con base en eso, Campos manifestó que entre más calidad haya en el Poder Judicial, medido a través de independencia económica y de la resolución pronta y expedita de asuntos, hay más capital foráneo.
Los países con un mejor Poder Judicial captan más capital de largo plazo, porque garantiza que cuando una empresa o el propio gobierno tienen un conflicto, van a poder solucionarlo de manera justa y en un tiempo razonable, afirmó.
Eso sirve para que las unidades empresariales puedan desarrollarse de manera más eficiente, tanto en el número como en el tipo de compañías, así como su productividad.
De lo contrario, ponderó, si bien las empresas tienen actividad económica, será muy limitada; no harán negocios con cualquiera por la falta de certeza a la hora de hacer valer el Estado de derecho.
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Por ejemplo, si una empresa ve un ambiente de negocios desfavorable, reducirá su potencial económico. Otra consecuencia negativa por igual para los hogares es el costo del crédito, dijo, pues está probado que en lugares en donde el sistema de justicia es sólido, se amplían los plazos para pagar y es más barato.
En el crédito se cobra el riesgo y la incertidumbre, y eso es algo que poco se ha analizado, puntualizó.
“Estamos hablando de una relación positiva y directa entre ambos”, matizó la especialista con 20 años en evaluación de políticas públicas.
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Se suman retos
Su experiencia en el gobierno federal al trabajar en la Secretaría de Hacienda y en el Servicio de Administración Tributaria, así como en el sector privado en la Fundación IDEA, en Grupo de Economistas y Asociados, y ahora dirigiendo México Evalúa, la acreditan para afirmar que sería lamentable que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, abrace estas iniciativas.
Ponderó que, al iniciar su gobierno, tiene la oportunidad de generar desarrollo económico y social.
“No es la autora, ella no lo planteó; tendría que sacudirse de ese proyecto, y llevar a cabo lo que ella proponga y no aceptar algo ajeno sin beneficios. No necesitamos más retos, con la inseguridad pública hay mucho por hacer”, aseveró.