consideró que aún es viable compensar los efectos de la , los cuales quedarían plasmados en la legislación secundaria.

De acuerdo con la firma financiera, si la presidenta decidiera invertir capital político en esta área, el proceso electoral de 2025 podría orientarse, por ejemplo, imponiendo un perfil altamente calificado y políticamente equilibrado para integrar los comités de evaluación de postulantes.

"Esto implicaría mejores filtros para la preselección de candidatos, además de atar adecuadamente los cabos que la reforma ha dejado sueltos", dijo.

En ese sentido, resaltó que algunos especialistas han comenzado a plantear la posibilidad de impulsar una reforma judicial complementaria, dirigida a las principales causas de la impunidad, el rezago y la corrupción en la provisión de justicia.

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En este ultimo aspecto, dijo que resalta la falta de profesionalización y autonomía de las corporaciones policiacas, la falta de protocolos y facultades orgánicas de investigación en ministerios públicos y fiscalías, la inadecuada capacitación y adaptación de la estructura judicial al modelo oral, y la necesidad de contar con más y mejores jueces per cápita, entre otros elementos.

Citibanamex resaltó que los atributos necesarios de un poder judicial son la independencia, formación profesional, experiencia de lo público y objetividad.

"La elección popular de jueces disminuye el peso de esos atributos y podría tender a generar una difusa conexión entre los juzgadores y el poder político. Además, un análisis somero de la elección extraordinaria de 2025 revela la inviabilidad de llevarla a cabo adecuadamente. Pero aún es viable compensar algunos efectos de la reforma, y matizar algunos de sus riesgos", dijo.

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