Hace una semana, publicamos desde American Chamber of Commerce México (AmCham) un posicionamiento respecto a la reforma al Poder Judicial, donde advertimos que: “cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente prestar atención. La convergencia de opiniones diversas sobre un riesgo no es mera coincidencia, sino un eco de experiencias y conocimientos compartidos”. Para contextualizar la conversación, quiero dejar dos puntos muy claros.
Primero. AmCham México es la cámara representante de la relación comercial binacional México-Estados Unidos desde 1917. Hoy agrupamos a más de mil 400 empresas que son tanto estadounidenses, como mexicanas y globales; grandes, medianas y pequeñas; y que operan en todos los estados de la República. Juntas generamos una cuarta parte del PIB y más de 10 millones de empleos formales.
Por lo mismo, segundo, nuestra Cámara ha seguido y analizado a fondo el proceso de Reforma, desde la propuesta inicial del Presidente, hasta hoy. Hemos compartido recomendaciones con el gobierno actual, el gobierno de transición, y representantes del Congreso de la Unión.
Nuestra actividad en México por más de un siglo nos ha enseñado que en el diálogo, el análisis profundo y el encontrar coincidencias en medio de las diferencias, reside la clave para superar cualquier desafío; no las declaraciones incendiarias. Esto nunca ha sido ni será lo que hacemos en AmCham.
De este modo, vemos con preocupación que la discusión sobre la Reforma se ha reducido a la elección popular de jueces, ministros y magistrados; sin embargo, este no es el único factor que podría desviar a México de una trayectoria de crecimiento y prosperidad.
El primer problema de la propuesta radica en la independencia de los juzgadores electos bajo las condiciones que tendrá el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano podrá sancionar a los juzgadores bajo criterios vagos e imprecisos, como “actos u omisiones contrarios a la ley”, “administración de justicia”, o métricas subjetivas como la “excelencia”. Esta ambigüedad de criterios puede generar sanciones arbitrarias y una justicia comprometida.
Un segundo problema es el de la reelección de juzgadores. Debemos aspirar a que quienes resulten electos ejerzan durante un periodo razonable y continuo. Sólo así evitaremos que se vean tentados, una vez electos, a buscar la simpatía popular en lugar de cumplir con su deber principal, que es impartir justicia.
Otro tema relevante son los requisitos de elegibilidad. El criterio establecido en el proyecto inicial del Presidente, respecto a acreditar la experiencia profesional, es indispensable. Nuestra propuesta incluye la aplicación de un examen de conocimientos y práctica profesional, elaborado e implementado de forma pública, abierta y transparente bajo la supervisión de escuelas, facultades de derecho y colegios profesionales de abogados.
Una preocupación adicional es la implementación y su efecto en la operatividad del sistema de justicia. Estimaciones conservadoras sugieren que esta reforma generaría la elección de más de 10 mil candidatos entre magistrados y jueces de los 32 circuitos tan solo a nivel nacional. Así, un ciudadano residente de la CDMX tendría que elegir a más de 600 funcionarios de entre más de 4 mil candidatos, utilizando 175 boletas, tarea que pareciera diseñada para desafiar la paciencia, la logística y el mismo propósito de la votación.
Cambiar abruptamente a 50% del Poder Judicial en 2025 y al otro 50% en 2027 generaría retos significativos. En cualquier escenario, recomendamos una implementación gradual que permita una transición ordenada y viable, sin afectar los casos en trámite. Esta podría incluir elecciones extraordinarias en 2025 para cubrir vacantes, con subsecuentes elecciones parciales en 2030, 2033, 2036 y 2039.
Si no se modifican, cuando menos, los puntos anteriormente expuestos, los impactos sociales y económicos serán inevitables y devastadores. Señalo tres maneras, en cómo estos efectos se pueden materializar en nuestra economía.
El primer y más significativo impacto será la afectación a la calificación crediticia de nuestro país. Perder el grado de inversión —una advertencia que ya han lanzado varias instituciones— sería como jugar con fuego: las consecuencias serían muy serias y podrían tambalear la estabilidad económica del país, al impactar el costo de la deuda, las tasas de interés, el tipo de cambio, el riesgo país y, en última instancia, la inflación.
El segundo es la implementación del TMEC. La posible inoperancia de las cortes independientes y especializadas en materia laboral, así como la insuficiente protección de las inversiones a través de mecanismos alternativos de justicia, aumentan el riesgo de una renegociación del Tratado en 2026.
Finalmente, el tercer golpe se sentirá en la inversión. Con una estructura judicial frágil, una calificación a la baja y un T-MEC mal implementado, es de esperar que el apetito por invertir en el país se desinfle, poniendo fin a la oportunidad de aprovechar el nearshoring.
El mensaje es claro. La Reforma que necesitamos es una debatida, dialogada e idealmente consensuada que combine lo mejor de todos los mundos: democracia, con certidumbre y crecimiento. ¿Por qué tomar pasos apresurados cuando todos estamos de acuerdo en que podemos, juntos, mejorar el sistema de justicia nacional?
Un sistema judicial accesible y democrático, es también alcanzable sin dinamitar el Estado de Derecho y los contrapesos. Estamos en una coyuntura histórica y propicia para arrancar un nuevo gobierno en donde el diálogo sea la piedra angular sobre la que edifiquemos un país más democrático y justo.
Vicepresidente Ejecutivo y Director General, AmCham México