El costo de 13 mil 205 millones de pesos por la participación del Instituto Electoral (INE) en la reforma judicial no será el único gasto para ese proceso, advirtieron analistas consultados por EL UNIVERSAL.
También falta considerar costos de otros actores como el Poder Legislativo y el que representará para la iniciativa privada ajustarse al nuevo marco normativo constitucional, lo que podría reflejarse en una mayor inflación, alertaron.
Además, consideraron que es irresponsable añadir más gastos que presionarán las finanzas públicas en tiempos en que hay un compromiso de reducir el déficit público en 2025 y cumplir promesas de campaña, como las pensiones para mujeres de 60 a 64 años.
El pasado 4 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó un presupuesto precautorio por 13 mil 205 millones de pesos para 2025, pese a las críticas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el costo que representará.
Dichos recursos servirán para realizar el proceso electoral extraordinario el próximo año para elegir 881 cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Ante la cercanía de la entrega del Paquete Económico 2025 al Congreso esta semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declinó hablar al respecto.
Impacto económico
La directora de la organización México Evalúa, Mariana Campos, recordó que cuando se propuso la reforma judicial se aseguró que no tendría impacto presupuestal.
“Hubo una omisión por parte del Ejecutivo, en donde venía escrito si no iba a tener ningún costo económico”, dijo a EL UNIVERSAL.
De hecho, comentó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados afirmó que el impacto presupuestal sería nulo.
“Eso es relevante, porque, si realizaron un estudio, estuvo mal, y ahora se tiene que repensar el método para estudios de impacto presupuestario porque están omitiendo el costo de las reformas, algo que sucede de manera regular”, dijo.
Desde un principio se debe calcular cuántos recursos se necesitarán para aplicar una reforma, enfatizó, como lo hizo el INE, pero hasta después de la aprobación.
Sin embargo, Campos advirtió que dicho instituto no será el único que intervendrá, pues el Legislativo y Ejecutivo están involucrados.
“Ese no será el costo total de la elección”, anticipó. Ante ello, exhortó a tener más seriedad y que sean la SHCP, el CEFP o el Centro de Estudios Belisario Domínguez los encargados de elaborar un trabajo más coordinado para saber el costo total de la elección y no sólo la participación del INE.
Por esa razón, afirmó que es “poco responsable” que se desconozca ese impacto, ya que no ayuda en nada a su implementación.
Además, se da en un momento en que las finanzas públicas del país no tienen margen de maniobra para seguir gastando y evitar mayor parálisis del Poder Judicial.
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Erosión al Estado de derecho
Por otro lado, algunos analistas empiezan a vislumbrar algunos de los efectos que tendría la reforma judicial y otras como la que propone eliminar órganos autónomos, sobre lo que tendría que desembolsar la iniciativa privada y las consecuencias para los consumidores en un contexto de desinflación y el inicio del ciclo de baja de tasas de interés.
Y es que el panorama inflacionario no deja de enfrentar retos y complicaciones considerables, con el riesgo de contagio de la volatilidad del tipo de cambio y el aumento en el salario mínimo.
El economista en jefe del Grupo Financiero Ve por Más, Alejandro Saldaña, explicó en entrevista que, en el caso de la reforma judicial, podría ser que las empresas se reordenen en lugar de invertir en actividades productivas.
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“Además de la incertidumbre, parte de los recursos que se destinarían probablemente a inversión, se ocupan para otras cosas como una mayor protección legal ante una eventual erosión del Estado de derecho que influye en la productividad”, aseguró.
Lo mismo sucedería con otros cambios, por ejemplo para desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica, instancia que procura que haya un campo parejo con más opciones y en mejores condiciones para la sociedad, pues impide que los precios suban demasiado al evitar la colusión.
Este entorno preocupa, agregó, y es un riesgo por considerar por el Banco de México (Banxico) para actuar con prudencia.
Saldaña hizo ver que, si bien todavía no se observa un efecto de traspaso del tipo de cambio, hay que recordar que se da con rezago, y de ahí que debe haber atención y cautela.
En tanto, el tema de salarios inquieta porque se ha acompañado de otros costos laborales como aumento de días de vacaciones sin que haya mejoría en la productividad, lo que genera inflación, junto al aumento de precios en productos agropecuarios, dijo.