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Aprovechando la euforia generada por la marcha económica del país y con las elecciones legislativas de noviembre en mente, los republicanos en el Congreso han presentado lo que califican como “reforma fiscal 2.0” en busca de blindar la posibilidad de que la Cámara Baja pase a manos demócratas. Sin embargo, esto que lleva cocinándose en la trastienda del Capitolio desde primavera llega con un costo que podría sumar al déficit más de 2 billones de dólares durante la próxima década, según estimaciones.
El proyecto de ley, liderado por el congresista republicano Kevin Brady, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, apuesta por hacer fijos los recortes del impuesto sobre la renta, que hasta ahora, según el plan aprobado el pasado 22 de diciembre, expirarían en 2025. Por el contrario, por aquel entonces se decidió rebajar de forma definitiva el impuesto de sociedades de 35% a 21%.
Sin embargo, la nueva propuesta apuesta por mantener las rebajas del IRPF, la duplicación del crédito fiscal por hijo y los recortes al impuesto del patrimonio costeado por una pequeña fracción de las familias más adineradas. Aun así, los halcones fiscales recuerdan que la primera reforma fiscal ya costó 1.5 billones de dólares mientras los legisladores demócratas inciden en cómo esta favoreció a las rentas más altas.
Lo cierto es que, en un momento en que la administración del presidente Donald Trump parece dispuesta a instigar un aumento del déficit sin precedentes sin tener grandes posibilidades en el Senado de pasar su nueva propuesta, el plan de Brady sumaría cerca de 630 mil millones de dólares al déficit federal en 2029, además de 1.9 billones de dólares que la ley ya debería costar al factorizar mayores pagos de intereses, según el Comité Fiscal Conjunto del Congreso.
A partir de esos tres años, la factura continuará acumulándose. Desde 2026, los recortes le podrían costar al gobierno federal alrededor de 165 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con las proyecciones de Tax Foundation. Ese recorte anual sumará aproximadamente 2.4 billones adicionales al déficit federal en un periodo de 10 años, según este think tank conservador citado por The Washington Post.
Desde el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas también coinciden en que el plan costaría 2.9 billones en los 10 años posteriores de su activación, es decir, entre 2026 y 2035. De 2029 a 2038, el comité de expertos dijo que el costo podría alcanzar hasta 3.4 billones de dólares.
De momento, el proyecto de ley de Brady, orquestado en sintonía con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro, podría ser considerado por el Comité de Medios y Arbitrios tan pronto como este jueves y someterse a votación en el pleno de la Cámara de Representantes este mismo mes. Aun así, se necesitaría la aprobación del Senado, donde los republicanos cuentan con una minoría simple.
Dicho esto, con un proceso electoral en ciernes, si la iniciativa no prospera podría servir de munición a los republicanos para perfilar a los demócratas como opositores a un plan que, sobre el papel, podría beneficiar a todos los estadounidenses.
