La Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) pidió a los legisladores del Congreso de la Unión reflexionar sobre la iniciativa de reforma eléctrica preferente del Ejecutivo federal, debido a que va en contra de principios constitucionales y compromisos internacionales.
Para la representación de empresas canadienses en el país, la propuesta sólo generará incertidumbre y violará tratados de libre comercio y convenios internacionales en los que participa México, así como la propia Constitución, pues va en contra de la competencia económica, seguridad jurídica, derechos humanos, legalidad, medioambiente y acceso abierto al sistema eléctrico, entre otros factores.
“La posición preferencial que se pretende otorgar a Comisión Federal de Electricidad (CFE), la falta de transparencia en el otorgamiento de permisos y la posibilidad de revocar contratos y permisos previamente concedidos, conllevaría violaciones a los capítulos relativos a las ‘Empresas del Estado y Monopolios Designados’ de diversos tratados”, explicó CanCham.
El plan del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es limitar la generación de electricidad por privados, así como dar prioridad y fortalecer a las plantas de la CFE.
De aprobarse, la CanCham recalcó que también se incumplirían capítulos de buenas prácticas y coherencia regulatorias contenidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o TPP-11) y la Alianza del Pacífico.
En momentos en que se discute en la Cámara de Diputados la iniciativa preferente, el organismo empresarial pidió a los legisladores realizar una “reflexión profunda” de la iniciativa para guiar la política energética nacional bajo un enfoque de certidumbre, libre competencia y respeto a compromisos internacionales.
Por separado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, comentó que la iniciativa de reforma a la industria eléctrica debe ser rechazada en el Congreso de la Unión porque puede tener consecuencias “funestas” para el sector, la industria y los consumidores, al basarse en modelos que ya mostraron su obsolescencia.
Para el representante de los industriales, es una iniciativa “que antepone criterios ideológicos a las necesidades técnicas que demanda el sector energético”.
Además, de aprobarse tal y como fue enviada por el Ejecutivo, sólo creará un monopolio o mercados dominantes “que han demostrado su ineficiencia y obsolescencia en el mundo”.
“La nostalgia no es buen consejero cuando de resolver problemas se trata”, recalcó, y por eso es importante reflexionar que los esquemas del pasado no necesariamente funcionarán ahora.
“Las empresas productivas del Estado, y en particular la CFE, deben fortalecer su administración y perfil financiero para participar y competir en un mercado abierto, con estándares de calidad cada vez más exigente, que cada vez sean más limpios, den continuidad en el suministro y seguridad”, expuso Castellanos.
Lejos de sustituir al sector privado en el sector energético, agregó, deben sumarse la inversión pública y privada.
Además, el gobierno debe dejar de combatir las energías limpias, porque se corre el riesgo de que los usuarios enfrenten más apagones, mala calidad, altos costos y menor productividad.