En caso de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador , se podría debilitar aún más el Estado de Derecho en México, en un escenario donde se desalentará la inversión privada y se tendrán impugnaciones en tribunales internacionales, dijo Fitch Ratings .
“La propuesta podría debilitar aún más el estado de derecho de México y puede desalentar futuras inversiones privadas en el sector. Los inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México podrían impugnar la ley en los tribunales de arbitraje internacional en un esfuerzo por proteger sus inversiones y recibir una compensación monetaria”, dijo la agencia
De acuerdo con la agencia, la iniciativa energética propuesta por el presidente López Obrador para enmendar la constitución resultaría en acciones de calificación negativas para proyectos privados de energía en México, regresando el control total del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad .
“Morena, el partido gobernante de México, ha postergado el debate sobre la iniciativa hasta el 2022. Para convertirse en ley, la iniciativa debe ser ratificada por dos tercios de las cámaras alta y baja del Congreso, y Morena deberá obtener los votos de los partidos de la oposición para cumplir con este requisito. umbral, lo que hace poco probable la aprobación de la medida. Pero si se aprueba, las implicaciones crediticias serían significativas”, explicó la firma.
En ese sentido, detalló que de aprobarse la iniciativa, se cancelarían todos los acuerdos privados de compra de energía, lo que desencadenaría un evento de incumplimiento y aceleraría la deuda del proyecto en la mayoría de los casos.
“No está claro si los pagos por terminación del contrato serían exigibles si los contratos dejan de ser válidos”, añadió.
Adicionalmente, se abolirían la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos , disminuyendo la transparencia operativa y la competencia del sistema, ya que no habría árbitros independientes que equilibren el poder de mercado entre los participantes.
“También se cancelarían los certificados de energía limpia, eliminando uno de los principales mecanismos para promover nuevos proyectos de generación de energía limpia en México”, añadió.
Fitch Ratings explicó que la propuesta también pondría toda la cadena de suministro eléctrico de México, esto es generación, transmisión, distribución y suministro, bajo el control de la CFE, poniendo fin a la autonomía del operador independiente del sistema del país.
“CFE despacharía sus plantas de energía antes que generadores más baratos y eficientes siguiendo un orden económico que considera los costos de producción (es decir, los costos variables más los de capital) en lugar de solo los costos variables. También se incentivaría a la CFE a restringir el acceso a la red, limitar los permisos de nuevas empresas de generación privadas y limitar la inversión en nuevas líneas de transmisión para conectar privados, exponiéndolos a riesgos de restricción. Esto probablemente desplazaría la energía solar privada y la generación de energía eficiente basada en gas”, dijo.
En ese sentido, explicó que para respaldar una sólida producción de electricidad, la CFE tendría que adaptarse al desarrollo del proyecto a un ritmo suficiente para satisfacer la demanda del país. Si se aprueba la iniciativa, Fitch cree que la capacidad del sistema se vería presionada a partir de 2024 y que será necesaria la participación privada para ejecutar los proyectos de nueva generación necesarios. Es posible que se requieran aumentos de tarifas para los usuarios finales así como subsidios gubernamentales para cubrir los costos operativos incrementales de la CFE.
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