La calificadora Fitch Ratings advirtió que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría afectar negativamente a las centrales de energía renovable y térmicas privadas, así como a los productores independientes de energía o los generadores a los que se les otorgaron acuerdos bilaterales de compra de energía, heredados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Fitch Ratings agregó que la Ley de Servicio Público de Electricidad de 1992 también podría verse afectada.
Detalló que los proyectos con estructuras de capital altamente apalancadas expuestas a riesgos de despacho, reducción o comerciantes son particularmente vulnerables a las presiones de ingresos.
Por ello, dijo que es posible esperar a que el proyecto de ley “enfrente desafíos legales de acuerdo con los principios constitucionales y legales mexicanos, tales como leyes antimonopolio, certeza legal y no retroactividad de la ley y protecciones de tratados internacionales”.
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“Las demandas pueden impedir que el proyecto de ley entre en vigencia”, subrayó Fitch Ratings.
Consideró que el nuevo proyecto de ley “revierte la desregulación del mercado energético y debilita aún más la confiabilidad de la red al dar prioridad al despacho a las plantas de energía más antiguas, más caras y menos eficientes de CFE, sobre las plantas más nuevas operadas por el sector privado”.
Mediante un comunicado, la calificadora indicó que, aunque las regulaciones aún deben codificarse, se espera que la volatilidad de los precios al contado se intensifique a medida que las plantas de CFE excedan la oferta del sistema al asignar sus costos marginales fuera de la curva de mérito económico, probablemente desplazando la curva de demanda y ejerciendo presión a la baja sobre los precios al contado.
Es decir, añadió, los costos operativos incrementales de la empresa eléctrica estatal deberían cubrirse con cargos adicionales del sistema, “aumentos de tarifas para los usuarios finales u obligando al gobierno federal a subsidiar las tarifas deficitarias de CFE”.
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También destacó que debido a su ubicación en una región muy congestionada, la nueva ley agravaría el riesgo de reducción existente para las centrales eólicas Oaxaca Dos, CE Oaxaca Cuatro.
Los proyectos también están expuestos a una posible renegociación o rescisión del contrato, especialmente porque los precios de los acuerdos bilaterales de compra de energía están muy por encima de los precios al contado actuales.
La renegociación del contrato requeriría el consentimiento del tenedor de bonos, “de lo contrario, resultaría en un evento técnico de incumplimiento y una posible aceleración de la deuda. La terminación forzosa del contrato es menos probable, ya que CFE tendría que pagar a las plantas el valor presente de todos los ingresos futuros, que se espera sean suficientes para pagar la deuda pendiente”.
Indicó que hay contratos de compra de energía con compradores que fueron otorgados después de la Reforma Energética , como el proyecto FEL Energy VI (Tierra Mojada), por lo que están expuestos a una posible renegociación del contrato.
Algunos de estos proyectos se ubican en áreas donde hay déficit de energía , lo que los hace menos propensos a verse afectados por el riesgo de reducción.
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