Cualquier supuesto o proyección macroeconómicas que se haga pública en nuestro país tiene un impacto directo en los ingresos que recibe cualquier administración de cualquier nivel de gobierno. Por ejemplo, la meta de ingresos presupuestarios a nivel federal se fija con base en el PIB nominal y esta a su vez determina su gasto público, su ahorro y su posible balance primario. Asimismo, esto también ayuda a definir el nivel de recaudación tributaria, la cual es relevante para los ingresos que reciben los estados y municipios.

En este sentido, es muy importante que las estimaciones macroeconómicas estén y se encuentren lo mejor alineadas posible con la realidad económica nacional e internacional. Esto con el fin de que el nivel de ingreso y gasto, previsto tanto por el gobierno federal como por los subnacionales, ofrezca certeza y certidumbre a los presupuestos y políticas públicas.

El PIB de 2023 estuvo cerca de los 32.0 billones de pesos en términos nominales, lo que significó que nuestra economía creciera 3.2% respecto a 2022. Estas cifras fueron mayores a las que el consenso del mercado preveía a principios del año y, en consecuencia, provocó que los ingresos presupuestarios fueron alrededor de 7.0 billones. Ahora bien, según los PCGPE 2025 publicados la semana pasada, se espera que la tasa de crecimiento de la economía en 2024 se encuentre dentro del intervalo de 2.5% y 3.5%; mientras que se prevé que los ingresos presupuestarios asciendan a 7.4 billones.

Por el lado del gasto público (neto), este en 2023 representó 25.6% del PIB. Es decir, 8.3 billones de acuerdo con lo registrado por la SHCP. Para 2024 se espera que el gasto público sea de aproximadamente 9.1 billones, lo que representaría 26.9% del PIB. Ciertamente, este porcentaje podrá variar si la administración federal decidiera contratar menos deuda de la que fue autorizada por el Congreso de la Unión el pasado diciembre o si somos capaces de hacer crecer más nuestra economía y con esto recaudar más impuestos de los estimados. Sobre este punto, para ningún lector resulta difícil entender que un buen desempeño económico representaría (en principio) una mejor recaudación de impuestos.

Ahora bien, que ha pasado con el nivel de recaudación tributaria. En 2023 se registró un monto equivalente a 4.5 billones (en términos nominales), superior a los 3.8 billones de 2022. Con este dato en mente, podríamos decir que las estrategias generadas por el Servicio de Administración Tributaria, en los últimos años, han funcionado. Entre las estrategias para modernizar la gestión tributaria están: 1) la optimización en la cobranza de impuestos, 2) la atención a los contribuyentes y 3) el mejoramiento en el proceso de fiscalización, para evitar la evasión y la elusión fiscal.

Aquí es importante hacer un par de apuntes. Primero, si bien el monto de ingresos tributarios netos en 2023 creció con respecto a 2022, este se encontró por debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos (LIF). Esto provocó que a lo largo del año pasado se usarán los recursos del FEIEF (vía una potenciación) para compensar la diferencia entre los ingresos federales estimados y los que realmente recibieron las entidades subnacionales. No obstante, esta diferencia se registró a pesar de que, como lo hemos dicho, la economía mexicana creció 3.2%. Segundo, y pese a este desbalance entre lo observado y lo estimado, el crecimiento en la recaudación en 2023 se alcanzó sin crear nuevos impuestos ni incrementar los ya existentes.

Ahora veamos que ha pasado durante el primer bimestre de 2024. Según el último reporte de las finanzas públicas y deuda pública, los ingresos presupuestarios del sector público sumaron en enero y febrero 1.240 billones. Monto superior en 11.8% contra al mismo periodo de 2023, pero ligeramente inferior a lo establecido en la LIF 2024 de 1.247 billones, en términos nominales.

Analizando los componentes de estos ingresos, podemos darnos cuenta de que la recaudación de impuestos ha superado en estos dos meses las estimaciones gubernamentales. Esto en comparación con el desempeño de los ingresos petroleros, los cuales representan una proporción cada vez menor del total de los ingresos presupuestales del gobierno federal y, en consecuencia, de los recursos que reciben los subnacionales. En este sentido, el acumulado bimestral de la recaudación tributaria sumó 839 mil 345.7 millones de pesos. Esto fue 4 mil 866.0 millones más que lo establecido en la LIF 2024 y 13.2% nominal mayor al mismo periodo que el año pasado.

Haciendo un desglose adicional, vemos que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) registró un crecimiento de 9.0% nominal anual al cierre de febrero y se ubicó, además, por arriba de las estimaciones del gobierno en 6.3%. Por el lado del Impuesto sobre la Renta (ISR), este reportó un crecimiento anual de 5.2%, en términos nominales, y su recaudación fue superior a lo proyectado en 0.3%. Por último, la recaudación por concepto del IEPS en el primer bimestre creció 81.2% respecto al mismo periodo de 2023, en términos nominales. Sobresaliendo el componente de los combustibles debido a la reducción de los subsidios en sus precios.

Pero ¿qué ha pasado con los ingresos petroleros? Estos ingresos durante enero y febrero sumaron 167 mil 286.7 millones, lo que representó 38 mil 636.0 millones menos a lo establecido en la LIF 2024. Considerando el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo en 71.3 dólares, según los PCGPE 2025; si el tipo de cambio se mantiene en los niveles actuales y la producción no crece según lo esperado, entonces podríamos esperar que la tendencia a la baja de estos ingresos siga. Cabe mencionar que el precio del barril considerado para este año se encuentra por arriba del promedio registrado de 64.8 dólares entre 2019 y 2023.

Dicho lo anterior, la recaudación tributaria es el componente dentro los ingresos presupuestarios del gobierno federal que ha mostrado el mejor desempeño. De hecho, ha crecido año con año, pasando de 3.2 billones de pesos en 2019 a 4.5 billones en 2023 en términos nominales. En consecuencia, tanto la Recaudación Federal Participable (RFP) como los ingresos federales que reciben los estados y municipios han replicado este buen desempeño.

Los estados y municipios reciben ingresos federales, principalmente, vía los fondos asociados a las participaciones federales y a las aportaciones federales. Cada uno de estos recibe recursos, según la Ley de Coordinación Fiscal, directamente de la RFP. El fondo con mayor presupuesto es el Fondo General de Participaciones que representa 20% de la RFP.

En el caso de las participaciones federales, estas crecieron nominalmente 20.8% respecto al acumulado de enero y febrero de 2023. Por supuesto que esto es resultado de una mayor RFP. A saber, la RFP creció nominalmente 17.8% y esto se explica simplemente por la mayor recaudación del IVA, ISR e IEPS.

En conclusión, una mayor recaudación de impuestos significa evidentemente mayores ingresos para los estados y municipios, y esto a su vez podrían incentivar un mayor gasto público. Sin embargo, en mi opinión, este gasto (esté o no presupuestado) debe llevarse a cabo con responsabilidad y eficiencia, cuidando ante todo los balances financieros de este año y los siguientes. Asimismo, es importante considerar el retorno social y/o financiero (según sea el caso) de cualquier inversión pública en infraestructura o en programas sociales que se realice.

*Director Ejecutivo Sr. de Finanzas Públicas e Infraestructura HR Ratings

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