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A la CIRT y Radio Independiente
“La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar”. Benito Juárez
En competencia económica, la “negativa constructiva” consiste en poner condiciones tales para proveer un bien o servicio que hacen imposible acceder a éstos. Las cargas legales y regulatorias que pesan sobre la radiodifusión semejan un caso de negativa constructiva de libertades fundamentales como las de industria y libre expresión. Ello amerita la atención de los poderes públicos ante una baja general de audiencias e ingresos y el crecimiento de OTTs cuya regulación es mínima o inexistente.
Ejemplifican lo anterior los spots electorales. Su uso intensivo y exclusivo por partidos políticos durante campañas impide utilizar ese tiempo para otros fines, además de afectar la audiencia. Se parte del supuesto de que influyen decisivamente en el resultado de una elección. La jornada del 1 de julio indica que esto no corresponde a la realidad. En la tabla vemos los votos recibidos por cada candidato presidencial, los spots por coalición y su efectividad, medida por votos generados.
La relación inversa spots/votos evidencia el agotamiento del modelo. Por extensión del argumento, pierde fuerza la prohibición de que partidos et. al. contraten tiempo en radio y TV. El beneficio aparente sería menos social (evitar influencia indebida) y más de parte interesada (ahorro en gastos de campañas) privando de recursos a los medios. Es posible un esquema (ya existió en el pasado) de transparencia y equidad en la contratación. Análogas razones aplicarían a restricciones a entrevistas y notas sobre candidatos que afectan sensiblemente la libre expresión y obstruyen la labor vigilante de los medios.
Repensar y corregir trabas a las libertades de industria y expresión es congruente en una democracia madura que se fortalezca aún más al apoyar la viabilidad de la radiodifusión. En IFT comenzamos un ejercicio tendente a desregular la radio y TV, con especial atención a las diferentes capacidades de empresas de desigual tamaño: sólo la regulación necesaria.
Asimismo, existe preocupación en la industria por el costo de la contraprestación por la prórroga de concesiones, dados los altos valores de referencia que arrojó la licitación de radio. El IFT viene desarrollando un ejercicio técnico que aporte metodología objetiva y sustentable. No obstante, es cierto que la LFTyR marca como pauta notable el valor de mercado, por lo que hay oportunidad de que el Congreso aborde igualmente esta cuestión. Un modelo que propicie pluralidad de voces y de grupos económicos de diversa magnitud debe ser guía, ya que en la licitación reciente fueron usualmente los de mayor tamaño quienes obtuvieron las nuevas frecuencias en las plazas más relevantes.
También importa la forma de pago. Mientras las telecomunicaciones cubren aproximadamente 10% del valor del espectro en la licitación y el 90% restante en 20 anualidades durante la vigencia de la concesión, la radiodifusión debe pagar 100% al recibir la concesión o prórroga. Un esquema en ley que les permita, asimismo, pagos anuales sería útil y equitativo. Se trata, en el sentido del premio nobel Alvin E. Roth, de diseñar mercados que atiendan tanto eficiencia económica como necesidades colectivas. Huelga decir, por ejemplo, que el financiamiento de programas sociales se sirve mejor de los recursos ciertos y predecibles de erogaciones anuales.
Estoy convencido de que la radiodifusión ha sido impulsora del cambio democrático y, ante adversidades como desastres naturales y crisis sociales, ha sido siempre aliada de la población y de la gobernabilidad. Aquí y ahora, de cara a preeminentes medios digitales que ocasionalmente esparcen desinformación virtualmente anónima (fake news), la radio y la televisión mexicanas mantienen una actitud ética con marcas, nombres y comunicadores identificados y responsables frente a sus audiencias. No podemos permitirnos perder este valor y este baluarte. Liberar las libertades acotadas de la radiodifusión es imperativo porque su libertad es la de todos. No actuar es propiciar su declive y el permanente riesgo de cooptación, censura o autocensura por debilidad financiera y/o presión regulatoria excesiva. Su misión debe cumplirse en la alegoría que aquí tomo de Octavio Paz: “Contra el silencio y el bullicio invento la palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día”.
Comisionado del Instituto Federal de
Telecomunicaciones
