Los efectos del cambio climático año con año se hacen más evidentes y muestran la vulnerabilidad de la población ante eventos catastróficos . Inundaciones provocadas por huracanes o fuertes lluvias, así como los impactos por sismos, son frecuentes en México, en un momento en el que el país ha realizado algunos ajustes en las políticas para enfrentar este tipo de fenómenos.
La percepción de la ciudadanía y expertos sobre la frecuencia de estos eventos catastróficos ha empeorado. De acuerdo con el estudio AXA Future Risks 2021, en el caso de México, ocho de cada 10 expertos y 73% de la población general consideran que la vulnerabilidad del país a los riesgos es mayor que hace cinco años.
En ese sentido, las tres principales amenazas que se perciben sobre el país son las relacionadas con el cambio climático, ciberseguridad, así como pandemias y enfermedades infecciosas.
El instrumento financiero con el cual México ha enfrentado en años recientes el impacto de estos siniestros es el Fondo Nacional de Desastres Naturales ( Fonden ), un fideicomiso creado en 1999 y que, pese a la polémica generada a su alrededor, se mantiene en el país con un presupuesto previsto para 2022 de 9 mil 55 millones de pesos.
Este fondo registró un cambio importante en su operación por parte de las autoridades, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo señalara dentro de los fideicomisos que se prestaban para la corrupción en el manejo de recursos públicos.
“En 2020 se aprobaron 3 mil 353 millones de pesos y en 2021, 8 mil 727 millones de pesos. Entonces, no hay una desaparición de fondos para desastres naturales. Pero lo más importante es que el gobierno no va a rehuir a su responsabilidad cuando se presenten desastres en cualquier ámbito natural”, dijo en septiembre pasado el secretario de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ), Rogelio Ramírez de la O .
Otro de los mecanismos con los que cuenta México para la atención de una catástrofe es el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fodepren), para el cual el próximo año se plantea un presupuesto de 207 millones 505 mil pesos.
Además del impacto por muertes y pérdidas materiales, los desastres naturales inciden en las finanzas públicas del país. Por años, el sector asegurador en México ha insistido en contar con una visión integral para una sana administración de los riesgos a los que está expuesta buena parte de la infraestructura del país, así como los bienes y empresas propiedad del Estado.
“Es un tema en el que también llevamos tiempo trabajando con las autoridades para, un poco, en lo que podamos, ayudarlas, asesorarlas, apoyarlas en tener una estructura dentro del gobierno para administrar los riesgos, identificarlos, asumirlos, tener las reservas que se deban tener, contratar los seguros que se deben contratar. Esto es a nivel del gobierno federal, así como de los gobiernos de los estados”, mencionó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ( AMIS ), Juan Patricio Riveroll .
Escasa protección privada
Los recursos gubernamentales no alcanzan para cubrir los impactos por el efecto del cambio climático en un país tan expuesto como México. Estadísticas de la AMIS muestran que, si bien 2020 fue un año con pocos huracanes, en daños asegurados se tuvo un impacto por 4 mil 300 millones de pesos, es decir, un incremento de 80% más contra el monto de 2019, cuando se entregaron 2 mil 377 millones de pesos.
En el caso del sismo más reciente y de gran impacto en México, el del 19 de septiembre de 2017, el golpe para las aseguradoras fue por un total de mil 301 millones de dólares. Las pérdidas suelen ser cuantiosas si se considera que en México sólo 6.5% de las viviendas están aseguradas por iniciativa de sus dueños y 20%, a través de un seguro ligado a un crédito hipotecario; además, únicamente 18% de las empresas cuentan con la protección voluntaria de una póliza de seguro.
Para el director general de AXA México, Daniel Bandle , si bien hay conciencia en el país sobre el grado de exposición que se tiene ante desastres naturales, el impacto del cambio climático y las nuevas amenazas a partir de ciberataques, se debe buscar la colaboración entre el gobierno y empresas para diseñar políticas que mejoren la prevención.
“Los mexicanos sí que saben cuáles son los riesgos y los toman en serio, y creo que eso es una muy buena base. Donde hay un riesgo, hay que mitigarlo con prevención y transferir este riesgo a alguien, y una opción es transferirlo a las aseguradoras.
“Desde AXA pensamos que es sumamente importante la colaboración público-privada, porque estamos convencidos de que estos grandes retos, esos grandes riesgos del planeta, no los puede combatir el Estado por sí solo, tampoco la iniciativa privada, sino que hay que trabajar de la mano”, recalcó.
En entrevista con EL UNIVERSAL , Bandle resaltó que más allá del papel histórico de las aseguradoras de suscribir un riesgo y pagar el costo en caso de presentarse un siniestro, ante los impactos cada vez más frecuentes, la industria debe asumir un papel de mayor prevención tanto en la población como en su relación con las autoridades.
“Éramos un pagador de facturas después de un evento asegurado. Hoy somos mucho más, y queremos acompañar al cliente desde el inicio, antes del evento y focalizarnos muchísimo en prevención”, dijo.
A la par de los riesgos por desastres naturales, el directivo de AXA puntualizó la necesidad de cobertura para los peligros cibernéticos, donde además de intentos de fraude a instituciones financieras, la protección de la información de las empresas se ha vuelto mucho más crítica.
“Como asegurador tenemos también una enorme responsabilidad, pues existen muchísimos datos muy sensibles de clientes, también datos muy sensibles, principalmente los referentes a la salud”.
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