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La correcta implementación del Plan Nacional de Infraestructura puede mejorar las perspectivas de crecimiento para México, informó la calificadora Moody’s.
“Se espera que la implementación de la mitad del programa comience en 2020, lo que puede mejorar las perspectivas de crecimiento económico [para México] si se implementa de manera oportuna y efectiva.
“El programa puede contribuir a aminorar el sentimiento negativo de los inversionistas que ha prevalecido en el sector privado durante el último año”, detalló la agencia.
Para la calificadora, el programa representa una nota positiva para México, porque puede compensar parcialmente la lenta actividad en los débiles sectores de infraestructura y construcción del país.
“En noviembre redujimos nuestras previsiones de crecimiento del PIB real a 0.2% y 1.3% en 2019 y 2020, respectivamente, por debajo de nuestro 0.5% y 1.5% de proyecciones en agosto pasado. Esperamos que la inversión se recupere y se estabilice en parte en 2020”, añadió Moody’s.
De acuerdo con la calificadora, el sector privado se está acostumbrando al nuevo entorno de política federal en México, con lo que también se espera una ligera recuperación de la inversión pública y consumo gubernamental en 2020, que ha estado por debajo del presupuesto, a medida que la curva de aprendizaje de la administración se aplana.
La agencia añadió que el acuerdo de infraestructura incluye 284 mil millones de pesos para el sector del transporte, aproximadamente un tercio del total, y alrededor de 100 mil millones destinados para carreteras.
En el caso de telecomunicaciones, también representa 118 mil millones de pesos.
Las planeaciones “de gastos de capital del sector ya incluían algunas inversiones anunciadas en el plan. El acuerdo no proporciona detalles en proyectos de energía, que se espera que se incluyan en el Plan Nacional de Infraestructura completo que se anunciará en enero de 2020”, destacó.
Para Moody’s, desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, el sector energético ha sido uno de los más afectados y sigue enfrentando incertidumbres materiales.
“La cancelación por parte del gobierno de una subasta de generación renovable a largo plazo originalmente prevista para fines de 2018 plantea dudas sobre una nueva cartera de proyectos renovables para 2021 y más allá”, dijo la agencia calificadora en su texto.
