Con el fin de enfrentar la crisis del coronavirus, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) pidió al gobierno federal medidas más contundentes, por lo que propuso un Acuerdo por el Bienestar conjunto entre el sector público, las empresas y la sociedad.
Dicho acuerdo incluye reasignar el gasto público hacia el sector Salud para hacer frente a la emergencia sanitaria que plantea el Covid-19, sobre todo hacia la adquisición masiva y expedita de kits de diagnóstico del virus.
También urgió a disminuir la incertidumbre para incentivar la inversión privada.
“Para hacer frente a este nuevo reto global, proponemos llevar a cabo un acuerdo tripartito entre gobierno, empresas y sociedad, el cual debería contener medidas de mayor contundencia para prevenir la propagación del coronavirus”, dijo el presidente del instituto, Ángel García-Lascuraín.
En conferencia de prensa telefónica, los ejecutivos de finanzas del país solicitaron suspender el flujo de viajeros desde países de alto riesgo y los eventos masivos.
Plantearon apoyar a los mexicanos en el exterior que puedan verse afectados por la reducción en los medios de transporte para su repatriación, con los protocolos de salud pertinentes. Pidieron seguir informando sobre la situación del Covid-19 en el país y sobre las medidas que se adopten.
Consideraron que debería haber una mayor colaborar con las empresas para facilitar mecanismos de continuidad operativa y de preservación del empleo.
También la adquisición de respiradores y facilidades para oxigenar a pacientes de manera masiva y expedita, y ampliar el número de camas de hospital. Pidieron incentivos fiscales especiales y transitorios a hospitales del sector privado que lleven a cabo adecuaciones a sus instalaciones, a fin de incrementar su capacidad para atender a enfermos potenciales.
El acuerdo plantea también que los empresarios se comprometan a poner de su parte para sortear los efectos del brote, que fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los ejecutivos de finanzas piden proteger el empleo, no aumentar los precios de manera coyuntural por presiones de demanda o falta de oferta en el caso de bienes y servicios básicos.
Además, colaborar con las autoridades para evitar el desabasto de bienes de necesidad básica y proteger la salud de los empleados.
Plantean desarrollar planes de continuidad operativa y hacer un esfuerzo para dotar a los empleados de la tecnología necesaria para llevar a cabo su trabajo desde posiciones remotas, en los casos en que sea posible.