El costo del programa Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanzará los 2.08 billones de pesos en 2050, estimó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Lo anterior equivale a 138.5% más, en términos reales, que el presupuesto aprobado para dicho programa en 2024, que es de 465.0 mil millones de pesos.
El IMCO menciona que para 2050 se duplicará la población de más de 65 años, de 12.8% a 25.7% del total de la población, es decir que habrá 25.7 adultos mayores por cada 100 personas.
Ante las presiones fiscales que enfrenta el sector público federal, hizo un análisis de la iniciativa de reforma en materia de bienestar y la iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución que presentó el Ejecutivo federal por sus implicaciones para las finanzas públicas y la competitividad del país.
Señala que de aprobarse las reformas en materia de pensiones habrá “implicaciones fiscales, económicas y un impacto a las generaciones futuras que no se mencionan en la justificación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal”, porque en términos reales para 2050 se requerirá 138.5% más del presupuesto que se otorgó en este año a Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores de 465 mil millones de pesos.
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En el documento del Imco “Iniciativas sobre pensiones: Propuestas fiscalmente cuestionables” explica que la primera repercusión de la reforma es que reducirá la edad de retiro y aumentará el monto de jubilación.
Actualmente el monto de la pensión es de 3 mil pesos mensuales, lo que representa 465 mil millones de pesos; la iniciativa pretende otorgar a los trabajadores afiliados registrados en el IMSS a partir de julio de 1997, una pensión de 16 mil 777 pesos mensuales, sin importar los fondos que tengan acumulados en las administradoras de fondos para el retiro (Afores).
El gobierno afirmó que para financiar ese monto de pensiones conformará un fondo con los recursos por eliminar a los órganos autónomos, los que se obtengan por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, los de la subcuenta de retiro de los trabajadores del IMSS y de la subcuenta de vivienda, aunque se garantiza el derecho de los trabajadores a reclamar sus recursos de dicha subcuenta del Infonavit.
Sin embargo, “aunque el Ejecutivo no estima el costo fiscal asociado a estas iniciativas, ni su evolución a mediano o largo plazo, la aprobación de estas reformas implicaría que el Estado mexicano asuma un pasivo contingente que se incrementará al ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país, el cual será significativo a lo largo de los siguientes años”, señala el Instituto.
Para el Imco lo que realmente se debería hacer es focalizar el programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que acrediten realmente que requieren este apoyo, lo que reducirá el costo para el erario.
Debe también impulsarse una reforma fiscal que asegure la sostenibilidad del gasto en pensiones, porque los recursos que piensa obtener el gobierno para el fondo “no son recurrentes y difícilmente podrán mantener el ritmo de expansión del gasto en pensiones”, lo que hace necesario una estrategia fiscal que genere ingresos regularmente.
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