La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) analiza la preparación de una nueva iniciativa para replantear la prisión preventiva oficiosa en delitos de defraudación fiscal y comprobantes fiscales falsos como amenazas a la seguridad nacional.
“Estamos analizando de qué manera se puede mandar de nuevo una iniciativa, si podría ser en otra disposición legal haciendo una nueva reflexión o incluso en el propio artículo 19 Constitucional”, anunció el titular de la PFF, Carlos Romero Aranda.
Al dictar una conferencia magna especial en el Tercer Congreso Internacional Compliance organizado por Thomson Reuters, dio a conocer que hasta el momento no tienen asuntos presentados en los que se haya obtenido prisión preventiva oficiosa con ese fundamento.
La PFF estaba esperando a que salieran los criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ), comentó.
Pese a dicha limitante, el abogado de la secretaría de Hacienda, mencionó que están haciendo peticiones a los jueces para la prisión preventiva justificada en lugar de la oficiosa que fue declarada inconstitucional por la SCJN.
Aseguró la prisión preventiva oficiosa no está prohibida, ya que cada país tiene la facultad de establecer de acuerdo a sus propias necesidades, el poder legislar en esta materia.
Subrayó que en México hasta antes del 2018 se tenía una evasión fiscal de más de 500 mil millones de pesos tan sólo vía factureras y defraudación, es decir el 10% del presupuesto federal.
“Si teníamos un problema así de serio, necesitábamos una solución así de seria, y México estaba de acuerdo con los tratados internacionales, de establecer esta figura (prisión preventiva oficiosa)”, ponderó.
Pero por otro lado, aseguró que se cuidó en no criminalizar la pobreza, porque debe haber 8.6 millones de pesos de defraudación como mínimo para poder pedir prisión preventiva oficiosa.
Es decir que, por defraudación por comprobantes fiscales, el delito es por arriba de 24 millones de pesos, lo que no corresponde a una persona de escasos recursos, puntualizó.
SACAN DINERO A EU
Carlos Romero hizo ver que en los últimos años, la hacienda pública ha sido víctima de las estrategias de defraudación fiscal, ejecutadas y planeada por grupos de expertos, el encubrimiento financiero y la simulación.
Acusó que grandes factureros de México, transfieren sus recursos ilícitos a Estados Unidos en donde compran propiedades multimillonarias.
Incluso, añadió, se trasladan a dicho país para evitar ser capturados por las autoridades policiacas mexicanas, una vez que se han librado órdenes de aprehensión en su contra.
Por ello, la semana pasada la PFF sostuvo múltiples reuniones en la ciudad de Washington con líderes de agencias norteamericanas dedicadas a combatir los delitos fiscales y financieros.
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