El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), advirtió que ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a la defraudación fiscal y los factureros como se plantea en la Reforma Constitucional, representaría un retroceso e iría en contra de tratados internacionales.
“El hecho de decir, regresemos a la prisión preventiva, en vez de evolucionar, sería involucionar, estaríamos realmente violando lo que dicen las jurisprudencias internacionales”, dijo el presidente del Instituto, Héctor Amaya.
Al referirse a la reforma Constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión y que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Puntos Constitucionales Vigésima Sexta de la Permanente, afirmó no abonará en nada positivo.
Explicó que incorporar nuevamente como delito grave la defraudación fiscal y los factureros, va en contra de lo que desde 2008 se inició un cambio con el nuevo sistema de justicia penal.
Amaya recordó que todo lo que fue el nuevo sistema penal acusatorio, puso en una posición secundaria a la prisión preventiva, lo mandó como algo que ya no era lo más importante.
“No consideramos que eso pudiera abonar como positivo. Es importante socializarlo con los legisladores, para que lo tomen en cuenta”, ponderó.
Además, advirtió que ese tema ya está agotado y resuelto. “Ojo, ya está visto ese asunto y ya se había echado para atrás (en la Suprema Corte de Justicia)”.
Con ello, comentó que ya existen dos acciones de inconstitucionalidad porque también la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó precedente de que no se le debía dar prisión preventiva a los temas de posibles evasiones fiscales o por ser factureras.
De hecho, puntualizó, actualmente se pretende que a través del nuevo sistema de justicia penal, que la persona esté libre para que pueda trabajar y pague lo que deba.
Se busca el resarcimiento de los daños, “no la pena corporal por la pena corporal”, enfatizó al manifestar que si eso fuera entonces el espíritu, la esencia que viene generándose desde 2008, surgen muchas preguntas.
Consideró que sería muy complejo aplicarlo a los delitos fiscales porque tan solo la defraudación tiene más de 100 modalidades.
Admitió que si bien había una acción muy desbordada de la acción por parte de los factureros, la autoridad ha tenido éxito y conseguido los objetivos para combatir ese problema.
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“Ya lo logró la presente administración, se lo reconocemos; tenemos información de que del 100% de las factureras que operaba o el efecto que generaba, alrededor del 10% es el que sobrevive”, matizó.
Pero ahora, acusó, con los resultados alcanzados a la mano, “nos hacen ver que si ya está casi disminuido al 10% del 100%, no preguntamos cuál es el interés de regresar a la prisión preventiva oficiosa”.
Dentro de ese contexto, el presidente de la contaduría pública organizada del país, dijo que al gremio le preocupa el hecho de que pudiera parecer que están interesados más bien en causar temor.
“No creo que el gobierno quiera asustar al contribuyente, como se hacía antes del nuevo sistema de justicia penal, lo que generaba incertidumbre innecesaria”, aseveró.
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