Es fundamental que en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 se contemplen los derechos sociales como elemento central del quehacer gubernamental, destacando aquellos que benefician a la población sin servicios de salud y seguridad social, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ( Coneval ).
En su documento “Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2022 ”, el Consejo propone algunas acciones para contribuir al acceso efectivo de los derechos sociales de la población, contrarrestar los efectos negativos que viven los grupos con mayores afectaciones por el Covid-19 , y visibilizar las brechas en el acceso efectivo a los derechos sociales de grupos históricamente discriminados.
El impacto de la pandemia por Covid-19 en la población se ha diferenciado de acuerdo con el contexto de vulnerabilidad social o por el acceso a bienes y servicios que ayudan a satisfacer el pleno goce de derechos sociales, entre otros factores.
En este sentido, el Consejo advierte que es prioritario orientar los recursos del Presupuesto 2022 hacia la adopción de medidas que subsanen los efectos de la crisis por la enfermedad Covid-19 sobre el bienestar de las personas, reduciendo las brechas de atención.
Después de analizar 122 programas y acciones federales de 2021, el Consejo identificó 45 programas sociales que contribuyen de forma relevante a la reducción de la pobreza y 94 programas que contribuyen de forma relevante al acceso efectivo de los derechos sociales.
Por ejemplo, se identificaron 19 programas relevantes en el acceso efectivo al derecho a la salud, de los cuales ocho son catalogados como fuertemente relevantes y 11 como medianamente.
En este sentido el Coneval recomienda aumentar la infraestructura en salud con especial énfasis en el primer nivel de atención, así como mejorar su distribución con base en las necesidades de la población, priorizando a las comunidades rurales y de difícil acceso geográfico; es decir, invertir en la prevención de la salud principalmente en los grupos más vulnerables.
Con la finalidad de reducir la inequidad en la atención en salud, es importante avanzar en la coordinación entre instituciones y subsistemas del sistema público de salud mediante una planeación estratégica que contemple fuentes de financiamiento, poblaciones objetivo, paquetes de cobertura por sistema de aseguramiento y un sistema único de información.
A partir de la sustitución del Seguro Popular por el INSABI es indispensable dar mayor certeza sobre fuentes de financiamiento y la continuidad en el flujo de los recursos para atender las necesidades derivadas directa e indirectamente de la emergencia .
Por otra parte, el Consejo identificó que 22 programas atienden a los grupos con mayores afectaciones por la Covid-19 , conformados por las personas vulnerables por carencias sociales, en situación de pobreza, desocupadas y trabajadoras informales, por lo que es recomienda reforzar y ampliar las intervenciones dirigidas a contrarrestar los efectos negativos de estos grupos.
Ocho de los programas identificados atienden a personas vulnerables por carencias, destacando aquellos que benefician a la población sin seguridad social, siendo esta la carencia que presenta la mayor prevalencia en la medición multidimensional de la pobreza 2020. Por otro lado, 20 de las 22 intervenciones que atienden a grupos con mayores afectaciones por la Covid-19 fueron vinculados a estos a través de su población objetivo y no por sus criterios de priorización.
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