El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que aprobó en lo general la Cámara de Diputados no contiene medidas que impulsen la reactivación económica , implica recortes al INE y al Poder Judicial que ponen en riesgo la democracia y no responde a la situación adversa del país, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ).
El presidente de la Confederación, José Medina Mora , expuso que tampoco se podrá implementar la reforma laboral ni los acuerdos al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“México requiere de un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que habilite a las dependencias y órganos de gobierno para llevar a cabo acciones encaminadas a procurar la recuperación económica, la salud, la seguridad, el desarrollo y el bienestar social”, explicó.
Por ello pidió una reasignación de recursos acorde a los desafíos actuales, porque la asignación aprobada no responde a la situación del país de reactivar la economía ni atender los retos en educación, salud y seguridad.
A pesar del incremento presupuestal a salud “no resulta suficiente para atender los programas de prevención de enfermedades y resolver de manera inmediata el desabasto de medicamentos . La salud sigue estando de lado”.
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Hace falta mayor asignación presupuestal para el combate a la delincuencia , la prevención del delito y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.
Debiera haber una reasignación del presupuesto, porque solamente se destina 3.1% para educación, es decir, “gastar 8.5 pesos de cada 100 del presupuesto en la formación de la niñez y juventud, es insuficiente”.
“Vemos como positivo que en el PEF 2022 la inversión pública tenga un aumento real del 14.3%, sin embargo, nos preocupa que el 55% de este gasto está destinado a energía, mientras que menos del 4 por ciento está orientado a educación y salud”, expuso.
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Añadió que el recorte al Instituto Nacional Electoral ( INE ) 20% con respecto a lo solicitado preocupa porque debe organizar seis elecciones estatales el próximo año, así como la consulta de revocación de mandato.
En tanto que al Poder Judicial le redujeron 3 mil millones de pesos “lo que pone en riesgo la implementación de la tercera y última etapa de la reforma laboral, crucial para cumplir los acuerdos establecidos en el TMEC”.
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