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La actualización de leyes tributarias para incorporar a la economía digital, cerrar huecos a la evasión fiscal y eliminar tratamientos preferenciales, serán algunos cambios que contendrá la miscelánea que presentará el Ejecutivo como parte del Paquete Económico 2020.
Se espera que la llamada minirreforma fiscal, que puede introducirse en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2020, sirva para ajustar el esquema impositivo a la nueva realidad con el surgimiento de aplicaciones como Uber, repartidoras de comida, plataformas para reservaciones de alojamiento como Airbnb y las de entretenimiento como Netflix.
Se prevé que las llamadas bigtech Apple, Google, Amazon y Facebook se incluirán en la reforma fiscal de mediados de sexenio, una vez que haya más claridad en las medidas que se están analizando en el plano internacional.
Se reforzará el trabajo de la administración tributaria para alinearla a los cambios que se analizan en el Congreso para combatir la evasión fiscal, además se buscarán áreas de oportunidad con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales para eliminar privilegios y tratamientos preferentes a diversos sectores de contribuyentes.
Programa voluntario. Hasta ahora sólo existe un programa voluntario de retención de impuestos a choferes y repartidores de comida con las principales firmas digitales que forman este nuevo sector.
Para el caso de las app de alojamiento, apenas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un criterio que no es vinculativo para que estén advertidas que deben pagar impuestos al brindar un servicio considerado dentro de la industria turística.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pone de relieve que países como México, que aún no gravan a la economía digital, están perdiendo importantes recursos fiscales.
Estima que de cobrar 16% de IVA y 3% de un impuesto nuevo sobre servicios digitales, se pueden recaudar 179 millones de dólares sobre mil 283 millones de dólares de ventas reportadas al año por Uber, Netflix, Spotify y Apple.
El subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio, dijo a diputados y senadores cuando lo ratificaron en el cargo, que el cobro del IVA y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a plataformas digitales son gravámenes que ya existen y no se está incrementando la tarifa: “Tratamos de cobrar un impuesto a una actividad económica que ya sucede en el país con la estructura actual impositiva que tenemos”.
Para el siguiente año no se prevén nuevos impuestos ni aumentos en los ya existentes.
En 2020 se enfocarán en cuestiones de administración tributaria y reducir la evasión, aseguró.
A partir del tercer año de gobierno analizarán con los legisladores el modificar la estructura de ingresos. Incluso están identificando una serie de medidas que pondrán a consideración del Congreso.
Faltan México y Chile. De acuerdo con el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, de la Cepal, en el que se analizan las políticas tributarias para la movilización de recursos dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, hay ingresos fiscales importantes en la economía digital.
“No hacerse cargo de los desafíos tributarios de la digitalización de la economía implica renunciar a una cantidad importante de recursos fiscales, renuncia que será cada vez mayor en la medida en que los nuevos modelos de negocio de la economía digital se vayan consolidando”, se advierte.
Se destaca que México se está quedando atrás, pues varios países ya gravan la economía digital de diversas formas.
Hay ocho países que han tomado algún tipo de iniciativas en materia de tributación de los servicios digitales, de un total de 16 naciones analizadas por la Cepal.
De esos ocho países, en cinco se han realizado modificaciones legales, que son Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay; mientras que en México y Chile hay proyectos en trámite, y en Paraguay se está trabajando en el diseño de un procedimiento administrativo.
En casi todos los casos, las iniciativas se relacionan con la incorporación de los servicios digitales transfronterizos a la base gravable del IVA.
Solamente Uruguay y Perú han modificado su legislación para gravar con impuesto a la renta algunos servicios digitales, en tanto que en México hay una iniciativa parlamentaria que también apunta en ese sentido.
Argentina y Colombia han logrado recaudar 2.7 millones de dólares y 1.3 millones por punto de tasa, respectivamente.