La Cuarta Transformación prepara un golpe contra las empresas concesionarias ferroviarias, tanto de carga como de pasajeros.
Mediante un proyecto para transformar el sistema ferroviario nacional, el gobierno federal busca recuperar el control y fijar un plan rector de 50 años con un marco legal, regulatorio y fiscal que ofrezca beneficios a todos los sectores y no sólo a las empresas que “toman decisiones siguiendo sus propios intereses” o que han invertido obedeciendo “a compromisos político-electorales, que no brindaron los beneficios sociales que proclamaban”.
El proyecto Gran Visión Sistema Ferroviario Mexicano, en el que trabaja la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), así como la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y cuya copia obtuvo EL UNIVERSAL, plantea que “es necesario iniciar la transformación del sector [pues] la falta de competitividad regional afecta a industrias y a los ciudadanos”.
El gobierno federal estima que hay una demanda importante no atendida de transporte ferroviario de carga y pasaje, y que se puede cubrir en el mediano plazo estableciendo nuevas reglas del juego:
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En el primer caso, el sector podría llegar a participar de 40% de la carga terrestre, equivalente a mover 122 mil 91 millones de toneladas-kilómetro en 2030, en tanto que la demanda de pasajeros podría ser superior a los mil 200 millones de usuarios para el mismo periodo.
De la infraestructura existente, explica el documento, 3 mil 525 kilómetros de vías se encuentran sin operación o en desuso, ya sea debido a que no fueron concesionados o a que los concesionarios las abandonaron debido a que no les resultaban altamente lucrativas, lo que significa que el sector ferroviario ha olvidado atender la industria nacional pequeña y mediana, así como a los pequeños productores.
Del total de la red en operación, dos empresas concentran 81.5% de la red ferroviaria, mientras que 18.5% se reparte entre siete concesionarios o asignatarios, incluidas las participaciones federal y estatal en algunos casos.
Las dos empresas mayoritarias también tienen participaciones menores en este 18.5% restante.
Hasta el cierre de 2019, de acuerdo con las Estadísticas Mensuales del Sector Comunicaciones y Transportes correspondientes a marzo de 2020, Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) y Kansas City Southern de México concentran 8 mil 122 y 4 mil 250 kilómetros de la vía concesionada por empresas estimada en 17 mil 385 kilómetros.
El proyecto gubernamental coordinado por la ARTF advierte que “los actores del sistema ferroviario mexicano han venido trabajando con aciertos y con fracasos cada uno siguiendo sus propios objetivos, algunos de los cuales se contraponen a los objetivos y necesidades nacionales”.
Subraya que los concesionarios ferroviarios “han realizado alianzas estratégicas y fusiones para garantizar las mejores condiciones para la prestación de sus servicios evitando y asegurándose condiciones de competencia beneficiosa para rutas de alto flujo de mercancías”.
En el periodo enero-marzo de este año, por ejemplo, de las 31 millones 409 mil toneladas movidas por vía férrea y empresas concesionadas, 26 millones 603 mil toneladas fueron desplazadas por Kansas City Southern de México y Ferromex.
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Al mismo tiempo, las empresas concesionarias han desincorporado de sus concesiones aquellos tramos que les resultan poco lucrativos, evitando así las inversiones requeridas, reduciendo los gastos de mantenimiento de la red y dejando sin servicio a empresas y comunidades.
La ARTF denuncia que “autoridades municipales, estatales y federales han venido realizando acciones para apropiarse de los terrenos por los que circulan o pasaban los trenes hasta apenas años atrás, por lo que el peligro de que, poco a poco permitan esta desincorporación hace factible un escenario para desmembramiento del sistema ferroviario y la falta de conectividad entre regiones en el corto plazo”.
Al mismo tiempo, grupos delincuenciales han invadido, fraccionado u ocupado ilegalmente los terrenos localizados dentro de los derechos de vía, o edificios abandonados por los concesionarios... debido a la carencia de instrumentos de gobierno, de certidumbre jurídica y de atribuciones”.