Sr. Director:
Me permito hacerle llegar la presente carta aclaratoria, en referencia a la columna firmada por Mario Maldonado titulada ‘Los escándalos del jefe de inversiones de AMLO’. En dicho texto se hace alusión a mi persona y a la empresa Altor Finanzas e Infraestructura, de la que soy director General, en un contexto que considero importante precisar, sobre todo por la gran audiencia que sigue las diferentes plataformas del Gran Diario de México.
Me llama la atención que se señale a su servidor y a algunos exfuncionarios públicos, como si el hecho de haber participado en gobiernos anteriores o haber coincidido en una universidad fuera por sí mismo una razón válida para un linchamiento mediático.
Sobre lo expuesto en la columna, es importante puntualizar que la solicitud de autorización de Altor Casa de Bolsa y su posterior aprobación por parte de la CNBV, en diciembre de 2019, cumplieron con la normatividad que regula las actividades bursátiles. En la misma tesitura, el organismo regulador autorizó el que podamos ofrecer servicios fiduciarios, a partir del pasado 31 de agosto, luego de cumplir todos los requisitos para ello.
Como sabe, el proceso de autorización de una institución financiera —como es el caso de una casa de bolsa— no es atribución de una sola persona, sino de una Junta de Gobierno, de la cual es presidente el secretario de Hacienda, y en la que participa el Banco de México, entre otras destacadas autoridades del sector.
Por otro lado, es absolutamente falso y carece de cualquier sustento la afirmación que desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se direccionen empresas o proyectos hacia Altor, como sugiere el columnista.
Apelando a la gran responsabilidad que entraña dirigir un medio de la influencia y relevancia que ostenta EL UNIVERSAL, consideré importante enviar estas precisiones.
Fernando Aportela Rodríguez, director General de Altor Finanzas e Infraestructura
Respuesta del columnista
La información publicada tanto en la columna “Los escándalos del jefe de inversiones de AMLO”, como en la titulada “Los pecados de Graf y los ITAM boys” proviene de por lo menos una decena de fuentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y otras relacionadas directamente con el despacho Altor Finanzas e Infraestructura, misma que fue contrastada y confirmada por altos funcionarios del gobierno y directivos de empresas que incluso han denunciado las prácticas descritas ante los órganos de contraloría de ambas dependencias.
En ningún momento se hace un “linchamiento mediático” de nadie, ni por haber trabajado en la administración pública federal ni por ser egresados del ITAM. Lo que se ha expuesto en la columna es la investigación de un modus operandi relacionado con las gestiones de Jorge Nuño Lara y el despacho Altor. Este funcionario de gobierno no sólo ha estado presente en conferencias magistrales en las que participan socios de Altor, como el propio Fernando Aportela lo presume en sus redes sociales, algo que por lo menos constituye un conflicto de interés, sino que se ha identificado a personas que han pasado de la administración pública a las filas de dicho despacho.
Sería bueno que, en un acto de transparencia, Altor presentara públicamente una relación de la asesoría que ha dado a empresas privadas que participan en los proyectos de infraestructura y obra pública que se han licitado y adjudicado en los dos paquetes de inversión elaborados por la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes en el actual gobierno.
También sería bueno que se transparentara el proceso que Altor siguió para obtener el permiso para operar una casa de bolsa, y por qué muchos funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relacionados con dicha operación fueron removidos de sus cargos.
Mario Maldonado
