Si se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica tal y como la planteó el Ejecutivo, significará en los hechos un acto expropiatorio, lo que llevará a las empresas a demandar una indemnización que puede ser 10 o 20 veces mayor a los 44 mil millones de dólares que se han invertido en el sector, advirtió la International Chamber of Commerce (ICC).
En conferencia de prensa, la presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión del organismo, Gabriela Álvarez Ávila, dijo que la cifra del resarcimiento dependerá de cada empresa, de acuerdo con el daño que se reclame.
Explicó que en el caso de que el Congreso ratifique la iniciativa se observarán litigios de Estado contra Estado y arbitrajes internacionales ante la declaración de funcionarios mexicanos de que no pretenden indemnizar.
“En términos generales un procedimiento de arbitraje dura de tres a cuatro años. Ya no le va a tocar, lo más seguro, a esta administración lidiar con los eventuales pagos de laudos”, detalló.
En el evento, en el que el ICC dio a conocer su posición frente a la iniciativa de reforma eléctrica, Álvarez Ávila dijo que “México ha tenido experiencias de litigios internacionales, pero no en un sector en el que las reclamaciones pueden ser de valores altos. En este caso el riesgo-país frente a esta reforma se multiplica muchísimo en litigios, en el que los montos pueden ser exponencialmente más grandes de lo que había conocido”.
Lo que hacen las empresas no es sólo calcular la inversión sino lo que estiman ganar en años lo que duraría su inversión.
Hay casos, uno en Rusia, donde hace ocho años hubo un laudo contra el sector petrolero por 50 mil millones de dólares; otro en Ecuador sumó 2 mil millones.
“Decirte 10 veces [más la inversión] puede ser real y en un año y medio o tres más puede ser 20 veces, así de volátil es este tipo de mercado y por eso es que el riesgo es mucho mayor”, detalló.
El director General de la CFE, Manuel Bartlett, respondió a los señalamientos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el sentido de que “provoca la polarización y ponen en riesgo el cumplimiento de las leyes”.
En un comunicado, argumentó que el CCE actúa como representante y defensor de las grandes empresas que no pagan, arropando a las sociedades de autoabasto. Eso no es provocación, es una explicación detallada, dijo.
De la afirmación sobre que con esas declaraciones se manipula a la ciudadanía, sostuvo que la división de la sociedad se debe a que las empresas más poderosas no pagan, mientras el resto del empresariado, clases medias y población, sí tienen que pagar.